a detención de Gregorio Sánchez Martínez, candidato al gobierno de quintanaroense por la coalición PRD, PT y Convergencia, quien es señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos vínculos con el crimen organizado, enrarece el panorama político nacional de cara a los procesos electorales de julio próximo –en los que se renovarán 12 gubernaturas estatales, entre ellas la de Quintana Roo– y revela la comisión de una serie de irregularidades y la aplicación de un doble rasero en la procuración de justicia, como parte de un patrón de conducta del grupo en el poder al amparo de la llamada “guerra contra el narco” del gobierno federal.

El precedente ineludible de esta detención es la captura e incomunicación, ocurrida hace exactamente un año, de varios alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán a los que se acusó, sin fundamento alguno y con base en declaraciones de testigos protegidos, de tener presuntos nexos con la delincuencia organizada. Entonces, como ahora, el gobierno federal actuó de forma discrecional e indebida, vulneró el principio de presunción de inocencia de los acusados, e introdujo elementos de tensión entre las distintas fuerzas políticas del país, justo en las vísperas de la realización de procesos comiciales, con lo que se da la impresión de que, más que un acto de procuración de justicia, se trata de una maniobra político-electoral.

Por añadidura, y sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del detenido, el episodio revela una conducta por lo menos parcial y selectiva por parte de la PGR en el cumplimiento de sus tareas básicas como instancia de procuración de justicia a escala federal: la contracara de la detención de Greg Sánchez es la inexplicable suspensión de las investigaciones en torno al secuestro de Diego Fernández de Cevallos, decisión que le ha valido a la produraduría federal numerosos cuestionamientos.

Por otro lado, si son ciertas las imputaciones contra el aspirante perredista al gobierno de Quintana Roo, el episodio en su conjunto deja ver una descomposición generalizada y de suma gravedad en las esferas políticas y administrativas de todos los niveles, y no hay razón para suponer que la penetración de la delincuencia organizada no pueda alcanzar a candidatos y autoridades de otras entidades y de distintos signos políticos y niveles jerárquicos.

En ese sentido, la sociedad tiene elementos de sobra para preguntarse por qué las fuerzas federales no han actuado de la misma manera ante situaciones en que la connivencia entre segmentos de la administración pública y los cárteles de la droga es un secreto a voces: ejemplo de ello es el desembarazo y la ligereza con que el alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, el panista Mauricio Fernández, ha anunciado acciones fuera de la ley con el supuesto fin de combatir a los grupos delictivos en ese municipio, y su admisión de que ha mantenido contactos con presuntos grupos de delincuentes para consensuar medidas de seguridad en esa demarcación. La tolerancia y la pasividad mostradas por el gobierno federal para con este funcionario contrastan con la dureza injustificada con que el año pasado se detuvo e incomunicó a los alcaldes michoacanos, y con la agilidad y la determinación con la que ahora se actúa en contra del candidato a la gubernatura quintanarroense.

En suma, los elementos de juicio disponibles dejan entrever, en las acciones policiacas comentadas, una doble moral impresentable y un uso faccioso del aparato de procuración de justicia, y ambos hechos atentan contra el decoro y la credibilidad institucional y el más elemental sentido republicano.