Chihuahua, Chih., 20 de mayo. El gobierno de Chihuahua deberá revisar todo el sistema penitenciario del estado, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó asumir la administración y los gastos del penal de Nuevo Casas Grandes, a partir de una controversia constitucional interpuesta por las autoridades de ese municipio.

El presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, José Manuel Pendones Fernández, demandó ante la SCJN que el gobierno estatal asumiera la responsabilidad económica y administrativa del penal, ubicado en esa comuna.

El director de Seguridad Pública de Chihuahua, Gustavo Zabre Ochoa, aseguró que el estado acatará la resolución de los ministros de la SCJN, que otorgaron un plazo de 90 días a partir de que se entregue la notificación correspondiente –lo que al cierre de esta edición no había sucedido– para que las autoridades estatales asuman el control del penal de Nuevo Casas Grandes.

El funcionario sostuvo que esa decisión afectará el presupuesto de la dependencia a su cargo y la ejecución de programas de seguridad pública en los siguientes meses.

En el Congreso local, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que Chihuahua tendrá que revisar la situación del resto de los penales de la entidad, pues existen 14 reclusorios mantenidos y administrados por gobiernos municipales que albergan a un alto porcentaje de reos del fuero federal.

De acuerdo con el legislador local priísta Jorge Neaves Chacón, más de 60 por ciento de los internos de las penitenciarias de Ciudad Juárez y de la capital de Chihuahua son reos del fuero federal; por ello la administración estatal debe demandar a la federal recursos para atender a esos presos.

En años recientes se ha incrementado el número de reos federales en prisiones estatales. Muchos están ligados al crimen organizado, por lo que es indispensable construir una prisión a cargo de la Federación, consideraron legisladores locales del Partido Revolucionario Institucional.