La Habana, 17 de mayo. Los campesinos privados, que generan 70 por ciento de los alimentos producidos en Cuba, pidieron más libertad para vender su mercancía, mientras el gobierno anunció mayor rigor en el control del comercio y aumento de impuestos al sector.

Sin embargo, el vicepresidente y ministro de Economía, Marino Murillo, informó al décimo congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el domingo, que las autoridades eliminarán la asignación centralizada de insumos, para que los productores puedan comprarlos directamente en mercados municipales.

El presidente Raúl Castro asistió a la reunión, pero fue Murillo quien habló en la clausura, sin responder explícitamente a las demandas ya conocidas y ahora formalizadas por la ANAP, que tiene 3 mil 635 cooperativas y 362 mil 440 asociados. El titular de Economía sólo reconoció que uno de los temas más discutidos en este congreso ha sido el de la comercialización.

Murillo dijo que el gobierno quiere ahorrarse unos 800 millones de dólares, de los más de dos mil millones que ha tenido que pagar para importar comida, a través de un despegue de las producciones de arroz, frijol, maíz, leche, carne y alimento animal.

Según reportes de los medios informativos locales, los campesinos pidieron a las autoridades que les permitan ampliar a otros productos la actual experiencia de venta directa de leche a las tiendas minoristas estatales; que se les autorice a comerciar con empresas turísticas, sin intermediarios oficiales y que se les deje negociar libremente con las empresas públicas, eliminando el actual trámite, que los hace pagar comisiones a entidades del gobierno.

El congreso pidió especialmente revisar el mecanismo de traslado de mercancías a la ciudad de La Habana, cuyos escalones de intermediación oficial han disparado numerosas protestas de los productores.

No puede haber un solo comercio centralizado cuando se está hablando de una agricultura diversificada, dijo el cooperativista Lázaro Hernández, de Bejucal, Provincia Habana (que circunda la capital) y sugirió que para relanzar los productos que escasean debemos ponerlos a precios de oferta y demanda, para que el productor se decida a sembrarlos.

Juan José Hernández, de Artemisa, en la misma provincia, expuso que al tener que vender sólo a través del Ministerio de Comercio Interior se originan pérdidas cuantiosas, los productos no llegan en las mejores condiciones o lo hacen con mucho tiempo de atraso.

En contraste, Murillo pidió rigor en la aplicación del actual mecanismo, por el cual los productores contratan sus cosechas con el gobierno, en volúmenes cercanos a 90 por ciento y sólo pueden acudir al mercado de libre oferta y demanda con los excedentes. También anunció una ofensiva oficial contra los intermediarios no autorizados.

La apertura de un mercado de insumos agrícolas, como combustible y fertilizantes, elimina una de las ventanillas oficiales por las cuales tienen que pasar los agricultores, pero Murillo advirtió que habrá un control de precios.

El vicepresidente indicó que cesará el trato fiscal de excepción que tienen las cooperativas y pequeños propietarios y habrá una política más recaudatoria en el sector, mientras que un resolutivo del congreso respaldó la idea y se manifestó por una escala progresiva.

Murillo informó que desde el año pasado se han entregado en usufructo 920 mil hectáreas de tierras ociosas (de un total disponible de entre un millón 200 mil y tres millones de hectáreas, según distinsos cálculos). Pero el funcionario apuntó que cerca de la mitad de los campos asignados siguen sin cultivar o con baja explotación.