La Secretaría de Gobernación y las autoridades de Oaxaca no pueden alegar ahora que no se les consultó sobre la organización y la partida de la caravana de observación humanitaria que el 27 de abril fue atacada en la región triqui, asegura Omar Esparza, uno de los dirigentes del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y esposo de la joven Beatriz Alberta Cariño, asesinada junto con el activista finlandés Tyri Antero Jaakkola pocos minutos antes de llegar a San Juan Copala.

Yo personalmente hablé por teléfono con el secretario general de Gobierno estatal, Evencio Martínez, minutos antes de que se pusiera en marcha el convoy desde Huajuapan. Frente a mí había enviados suyos atestiguando la salida. Antes, Miguel Álvarez, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y el secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lo consultaron con él y con la Secretaría de Gobernación.

El joven viudo se esfuerza por mantenerse sereno. Pero un sollozo corta su relato durante una entrevista con La Jornada, cuando habla del momento en que la policía estatal pasó por Juxtlahuaca a las dos de la tarde del día 28, 24 horas después del ataque, con los cuerpos de las dos víctimas. Ahí perdió la última esperanza, a pesar de que ya tenía noticias de que su compañera había sido abatida. Sus hijos, de 10 y cinco años, se habían quedado sin madre.

Y los padres de Alberta, en su natal Chila de las Flores, Puebla, sin la hija querida. Diariamente, desde el día que murió, narra Omar, llegan centenares de personas de distintas comunidades oaxaqueñas. Me he dado cuenta estos días que Cactus, con Bety como directora desde 2008, aunque es una organización pequeña había logrado un gran impacto.

La compañera

Esparza habla de la compañera: Tenía esa facilidad de generar confianza muy rápido. Estuvo desde el principio en el nacimiento de Cactus. El trabajo con mujeres era su mero mole. Cuando entramos a la formación de radios comunitarias ella capacitó a muchas locutoras, entre ellas a las triquis Tere Bautista y Feli Martínez (asesinadas en 2008).

Estudió en la Escuela Normal Sor Juana Inés de la Cruz, en Tehuacán. Se asumía como mixteca y participaba en un montón de redes internacionales de defensa del medio ambiente, los derechos humanos y las mujeres.

La última vez que Omar y Alberta hablaron fue minutos antes de que ella muriera. Salí con la caravana, pero a la altura de Agua Fría nos detuvimos. Yo había sido amenazado de manera muy directa por la gente de Rufino y decidimos que no avanzaría más. Me quedé ahí, viendo cómo los vehículos se alejaban por el camino, hacia abajo. Esperé a verlos pasar después de una loma. En ese momento empezamos a oír las detonaciones, justo en el pasaje de La Sabana. Sentí algo muy fuerte, que algo estaba muy mal.

De regreso en Juxtlahuaca, exigió a la policía estatal que fuera a ver lo que había pasado. Pero el comandante se negó. Las autoridades decidieron acercarse al lugar del ataque casi 24 horas después, alegando que la gente armada es muy peligrosa.

Esa omisión, señala Esparza, es una falta grave, es un delito: denota la complicidad que hay con Rufino Jiménez y su banda armada. También ellos deben ser juzgados.

Un intento de pacificación

Las amenazas contra Omar y los directivos de Cactus se hicieron más directas a partir de que se instaló una mesa de diálogo para resolver el conflicto de la sierra triqui. En 2008, a raíz del asesinato de las locutoras de San Juan Copala, los dirigentes de las organizaciones locales, el Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui (Mult) y su escisión Mult Independiente, optaron por intentar detener la sangrienta cadena de venganzas en la región (se cuentan cerca de 500 homicidos en la década reciente entre las diversas fracciones). Con la mediación de Serapaz y la asesoría jurídica de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, iniciaron un proceso de diálogo.

Esparza y Bety acompañaron este proceso. “Se logró, en un primer momento, que permeara en las comunidades la idea de construir un proceso de paz. Pasamos por varias etapas, y un tercer momento, que era que el Mult y las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala se sentaran frente a frente, no se logró.

Mientras, la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) saboteó constantemente la mesa, moviéndose en una lógica de guerra. Por último, la negociación entró en crisis con la llegada del nuevo secretario de Gobierno estatal, Evencio Martínez, que intenta intervenir y rompe el equilibrio con un planteamiento que no estaba en la mesa: nombrar un comisionado de paz. Ahí nos estancamos.

Al nuevo titular de la secretaría de Gobierno lo identifica como muy cercano a Rufino Jiménez, el cabecilla de la Ubisort. Fue su maestro y es su padrino, dice. Jiménez es un cacique asentado en Juxtlahuaca, a quien muchas voces señalan como responsable directo del ataque del 29 de abril.

Serapaz, las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala y el propio Esparza aceptan que la mesa de negociación debe continuar para llegar a una reunión directa entre el Mult y el Mult Independiente, cuyos dirigentes fundaron juntos el movimiento hace 30 años y en la década reciente se fracturaron hasta constituirse en enemigos.

Los hechos del 27 de abril, insiste Esparza, deben hacer que el Mult reflexione. “Tienen que definirse ahora. No pueden seguir sentados cuando ya la violencia llegó a este punto… cuando ya es atacada una caravana internacional de paz.”

Por otra parte, rechaza la oferta del gobierno de Ulises Ruiz de instalar una mesa de negociación oficial. Conocemos el esquema. Ésas son mesas para negociar recursos; dinero a cambio de dejar en la impunidad los crímenes. Los dirigentes aceptan el dinero y éste no llega nunca a las comunidades. Por esas mesas no pasan los temas de la distensión y la concordia para llegar a la conciliación del pueblo triqui, para alcanzar un acuerdo verdadero de perdón entre hermanos. Y a partir de ahí, sólo a partir de abrir el diálogo sobre el dolor de tantos años, del daño tan profundo que se han hecho unos y otros, puede hablarse de la alternativa de sus demandas.

–¿Todavía es posible ese diálogo, después de lo que pasó?

–Precisamente por lo que pasó. Pero hay que dejar muy claro que no podemos sentarnos con la Ubisort. Sería justificar y legitimar sus asesinatos.