El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil, dijo que no ha recibido respuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sobre la oferta para que los ex trabajadores en huelga de hambre en el Zócalo capitalino sean revisados por médicos enviados por la administración federal.

Señaló que Martín Esparza, dirigente del SME, no acudió a la cita del pasado miércoles para hablar sobre las formas de protesta del gremio. No he tenido respuesta de Martín Esparza; ninguna. Ayer teníamos una reunión y él no asistió; creo que era a la una de la tarde y nos íbamos a reunir con el diputado Amador Monroy (responsable de la comisión especial para el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, LFC), comentó.

En entrevista, precisó que sigue firme el plan para que la administración pública colabore en el otorgamiento de contratos a las 42 empresas integradas por ex trabajadores de LFC.

Le doy una cifra, nada más del fondo de promoción a micros y pequeñas empresas, en términos de proveedurías de bienes y servicios a la administración pública federal, hay 3 mil 800 millones de pesos disponibles.

El martes pasado, en Gobernación, los oficiales mayores de las dependencias públicas definieron y explicaron los mecanismos de contratación dirigida a ex empleados de LFC que no serán trabajadores directos de la Comisión Federal de Electricidad, sólo fungirán como contratistas para diversas áreas, como poda y brecha, mantenimiento de vehículos e inmuebles, y servicios tecnológicos, entre otros.

Mientras los electricistas encabezados por Esparza desde hace 20 días mantienen un ayuno colectivo en la Plaza de la Constitución, el grupo opositor de este gremio, encabezado por Alejandro Muñoz, ya cobró su liquidación y ha firmado contratos.

Según los primeros cálculos del gobierno, serán incluidos en esos planes cerca de 4 mil personas en el circuito cercano, es decir, asociadas a las nuevas empresas en mención.