El número real de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos en el país no coincide con las denuncias presentadas ante las comisiones de derechos humanos y los agentes del Ministerio Público, debido a “una calificación inapropiada del delito, ya que lo tipifican como lesiones, abuso de autoridad y otros.

Además hay una cifra oculta de casos, por temor de las víctimas, y existe una desnaturalización del dictamen médico sicológico, sostiene el Subcomité para la Prevención de la Tortura, de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La delegación de la ONU que visitó en 2008 cárceles del Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, el Campo Militar Número 1 y dos hospitales siquiátricos, destacó en su informe que “con preocupación observamos una ‘criminalización de la pobreza’ en infracciones administrativas comunes, que pueden ser cumplidas con el pago de multas, pero normalmente se traducen en detenciones de 36 horas para quienes no pueden pagar esa sanción, porque son personas en extrema pobreza, que las coloca en situación de riesgos de maltrato y trato cruel”.

El subcomité añadió que en la mayoría de los estados visitados recibimos quejas sobre cómo se podía facilitar la evasión del pago de las multas legalmente establecidas, así como de las detenciones, mediante el pago anticipado de dinero a la policía en el momento de la detención. Este tipo de prácticas da lugar a corrupción para la obtención de sobresueldos de los agentes policiacos.

Los expertos de la ONU subrayaron en el documento –entregado al gobierno federal el año pasado–: pudimos constatar cómo la mayoría de las personas detenidas llegaba a los separos sin bienes ni dinero; detectamos irregularidad en el registro de las pertenencias de los aprehendidos y recopilamos denuncias de que, al ser capturados, los policías los despojaban de su dinero y bienes materiales.

Citan el caso de Oaxaca, donde 93 por ciento de los detenidos llegaban a los separos sin dinero, y en entrevistas dijeron que en el camino los policías les quitaron sus pertenencias y que fueron víctimas de maltrato.

Denuncia el subcomité que frecuentemente escuchamos la queja, en algunos estados, de que vehículos policiales detienen a personas, las trasladan sin ningún motivo a sitios descampados y otros lugares aislados, las despojan de sus pertenencias, amenazándolas con detenerlas si oponían algún tipo de resistencia, y luego las dejaban en libertad.

Pese a que el organismo dependiente de la ONU recomendó al gobierno federal que hiciera público este informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo había enviado a reserva de 12 años, pero el Instituto Federal de Acceso a la Información revocó esa decisión y ordenó su difusión.

Los integrantes del subcomité manifiestan preocupación por el hecho de que a algunos oficiales de la policía se les premie por las detenciones que realizan, ya que ello puede derivar en capturas arbitrarias e ilegales, y que los detenidos sean víctimas de malos tratos para obtener una confesión.

Detallan los expertos en su informe que en Jalisco, en la Secretaría de Seguridad Pública, observamos una sala de prensa para exhibir a los detenidos. Eso es una violación flagrante al debido proceso legal y de principio de presunción de inocencia, y constituye un trato degradante. Ésta no es una práctica aislada, lo constatamos viendo los noticieros en otros estados.

En Guadalajara, añade el documento, en la oficina 14 de la Subprocuraduría General de Justicia los inodoros estaban colocados enfrente de los barrotes de la celda; la temperatura era muy baja, y los detenidos dijeron que no les proporcionaban mantas para cubrirse y que por la noche enfriaban más las celdas. No les proporcionan papel higiénico ni jabón.

Dan cuenta también de que en la estación de policía municipal de Alamey, en Monterrey, algunas celdas estaban sobrepobladas y otras vacías; tenían bancos de piedra bordeando las paredes y un inodoro dentro, sin ningún tipo de material higiénico. Por la noche no les dan colchones ni mantas.

Sostienen los expertos: constatamos que los exámenes médicos se realizan de manera superficial. En la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, el chequeo médico duraba un minuto. En forma confidencial, personal médico nos reveló que las evaluaciones no podían llevarse a cabo, ya que recibían órdenes de qué deben incluir y qué no en el parte médico.

Agregan: “los detenidos que reconocieron haber sido víctimas de tortura describieron dichos actos con un modus operandi y un nivel de similitud impresionante. Entre las técnicas empleadas se incluían: intento de asfixia por medio de introducción de agua por la nariz, cobertura de la cara con bolsas de plástico, colocación de trapos mojados en la cara con toques eléctricos en ciertas partes del cuerpo y golpes en los testículos con bates de beisbol semicubiertos con tela. Un bate de ésos fue encontrado en los separos de Alamey, Monterrey. Las autoridades dieron explicaciones contradictorias sobre ese instrumento”.