Diputados federales y locales del PRD, junto con la dirigencia de ese instituto político en el Distrito Federal, acordaron con vecinos afectados por la construcción de la supervía poniente entregar al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, un escrito en el que le solicitan la suspensión inmediata del proyecto por falta de información sobre los impactos urbano, ambiental y social de la obra.

Al concluir un foro sobre la vialidad, convocado por legisladores del sol azteca, la diputada federal Leticia Quezada presentó un resolutivo en el que se plantea, además, pedir al gobierno capitalino que haga público el contrato con las empresas a las que otorgó la concesión del proyecto, y la salida de la fuerza pública de la zona.

El representante jurídico de los vecinos que se oponen al proyecto, Luis Miguel Cano, informó en el foro que ayer mismo presentó un recurso de revisión contra la negativa del juzgado décimo de distrito en materia administrativa de otorgar la suspensión de oficio dentro del juicio de amparo, con la que el gobierno de la ciudad estaría impedido de realizar desalojos y demoliciones en los predios expropiados.

Ahora, explicó, será un tribunal colegiado el que resolverá el juicio en definitiva, y pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa que intercedan ante las autoridades capitalinas para convencerlas de que actúen con prudencia y no realicen ninguna acción mientras no se resuelve el juicio.

Entre los vecinos de Magdalena Contreras, Cristina Barros, hija del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Barros Sierra, lamentó la ausencia de funcionarios del GDF –Quezada Contreras dijo al iniciar el foro que se invitó a los secretarios de Finanzas y Obras–. Queríamos que esos funcionarios, que han tomado decisiones a nuestras espaldas, conocieran las consecuencias de sus actos y hubieran estado aquí para escucharnos.

En tanto, durante la firma de un convenio de capacitación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el secretario de Obras y Servicios, Fernando Aboitiz, destacó que las expropiaciones van muy bien con los verdaderos afectados; llevamos más de 40 por ciento de cheques pagados en una semana.

La confianza en que el gobierno no los va a dejar solos y apoyará con mudanza o pago de renta ha ayudado, aunque existen algunas inconformidades. La obra, sin embargo, continúa conforme al calendario fijado y se espera tener en ocho semanas el resultado del estudio de impacto ambiental, para iniciar las obras en agosto.

Optimista, mencionó que por vez primera se contará con un sistema de recuperación de agua, que será inyectada a los mantos freáticos a través de los túneles que se construirán en la zona de La Loma y Barrancas de Tarango, así como con recursos para el pago de los predios que se verán afectados.