Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destacó ayer en la Universidad Iberoamericana (Uia) que el desarrollo democrático se encuentra estrechamente ligado al respeto a las garantías fundamentales: es un indicador de la gobernabilidad que debe estar presente en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

Ante estudiantes, el ombudsman nacional subrayó que la violación de los derechos humanos en un Estado constitucional pone en riesgo la gobernabilidad, lo que contribuye a la generación de graves problemas, como exclusión social y política, solución de controversias al margen de la ley, impunidad, corrupción, falta de oportunidades para acceder a una vida digna y una ineficaz administración pública.

En la conferencia Retos y perspectivas de los derechos humanos en México, Plascencia Villanueva advirtió que es “indispensable reforzar el tema de las garantías fundamentales para posicionarlo como punto de partida en la atención oportuna –y con calidad– de los requerimientos de la vida pública actual. Estos derechos no sólo dan contenido formal y sustantivo a la democracia, sino crean una relación directa entre la ciudadanía y las instancias públicas”.

Refirió que la promoción y protección integral de dichas garantías es una de las prioridades de la comunidad internacional, con independencia de cualquier circunstancia o condición personal, frente a los actos u omisiones de los poderes del Estado.

Sostuvo que el derecho internacional representa la estructura más reciente del orden jurídico mundial para alcanzar estos objetivos.

Asimismo, advirtió que es insuficiente potenciar los derechos individuales, civiles y políticos consagrados en las sociedades democráticas, si al mismo tiempo no se logra hacer efectivos otros de carácter colectivo, para lo cual los estados requieren medidas legales, económicas, sociales y ambientales.

Aseveró que las garantías individuales y los derechos colectivos no se contradicen, sino que se complementan. La meta es proteger a la persona como individuo y como componente de un grupo social, conforme a criterios de justicia y bienestar.

También dijo que la protección de las garantías fundamentales ha supuesto un profundo cambio en la posición del Estado soberano ante el derecho internacional. La protección de estos derechos constituye un nuevo principio de legitimidad.