El cacique guerrerense Rogaciano Alba Álvarez permaneció arraigado casi tres meses a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), que lo acusa de tener presuntos nexos con narcotraficantes; sin embargo durante ese tiempo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no hizo intento alguno por interrogarlo sobre los señalamientos que lo involucran en la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido.

El pliego de consignación con que la PGR obtuvo la orden de aprehensión contra Alba –basado en constancias de la averiguación previa SIEDO/UEIS/150/2009, a las que tuvo acceso La Jornada– refiere que al sujeto le imputan delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de comercio; portación ilegal de un rifle AR-15, y delincuencia organizada,

La acusación de los fiscales federales no menciona que alguna otra autoridad ministerial del fuero común, como la PGJDF, lo requiera por otro ilícito.

“El imputado Rogaciano Alba Álvarez está identificado como presunto miembro de la organización criminal denominada La Familia (de Michoacán), y se cuenta con indicios de que antes de colaborar con dicho grupo trabajó para el cártel de Sinaloa, donde su actividad consistía en el tráfico de drogas”, sostiene una parte del pliego consignatorio.

Se espera que este jueves el juzgado tercero de distrito de procesos penales federales, con sede en el estado de México, dicte un auto de formal prisión contra el acusado, por los delitos mencionados.

El pasado 15 de febrero, La Jornada publicó una entrevista con el abogado Manuel Fuentes Muñiz, quien coadyuvó con la PGJDF en la averiguación para dar con los responsables de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Aseguró que una vez detenido Rogaciano, la fiscalía capitalina estaba obligada, de oficio, a solicitar a la PGR que le permitiera interrogarlo.

Sostuvo que más allá de las primeras declaraciones del presunto narcotraficante, existen abiertas averiguaciones en su contra que contienen varios vínculos causales y pruebas indiciarias que lo señalan como posible responsable de la muerte de Digna Ochoa, así como de otros homicidios y atentados contra campesinos guerrerenses.

Fuentes recordó que en diciembre de 2008, Javier Torres, testigo central de la PGJDF, cuya declaración permitió reabrir las pesquisas sobre la muerte de Ochoa, fue levantado en la región de Petatlán, Guerrero, y apareció golpeado días después.

Torres declaró que sus secuestradores le robaron la declaración que presentó ante el Ministerio Público capitalino, en la que vinculó a Rogaciano con la muerte de Digna. Eso debe ser investigado, pues es probable que gente de Rogaciano lo haya mandado secuestrar para intimidarlo, expuso.