Ginebra, 5 de mayo. Cinco países latinoamericanos pidieron a España investigar los crímenes del pasado, durante el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de control de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos, en sesión celebrada este miércoles en Ginebra.

De conformidad con sus obligaciones internacionales (España debe) investigar, sancionar y reparar delitos de desaparición forzada de personas, sin importar el tiempo en que haya iniciado su comisión, en atención al carácter continuo del delito, le recomendó México a España, en una declaración de tenor similar a las efectuadas por Argentina, Perú, Colombia y Cuba.

De esta manera se alude al presunto freno de ese tipo de investigaciones que estaría tratando de imponer el Tribunal Supremo de España, al cuestionar las diligencias iniciadas por el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo, imperante en España de 1939 a 1975.

Deseamos destacar la necesidad de reforzar las medidas legales tendientes a combatir la impunidad, indicó Argentina, en claro apoyo a Garzón, quien en virtud de principios universales para los crímenes de lesa humanidad, como los perpetrados en España, no tuvo en cuenta la ley de amnistía vigente en ese país desde 1977.

La verdad es un derecho fundamental para quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, por ello recomendamos a España continuar avanzando en la implementación de la ley de memoria histórica, ponderó Colombia, señalando la norma que avalaría la iniciativa judicial del juez Garzón.

Incapacidad de justicia

Sobre dicha ley, que establece el derecho a la reparación moral a las víctimas de la dictadura (de Francisco Franco), Perú confió en que se registrarán mayores avances en favor de las víctimas, sus familiares y la sociedad española en general.

Al respecto, Cuba agregó: se puedan intensificar las insuficientes medidas adoptadas para que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas.

Los países latinoamericanos, que con la ayuda de la justicia española han hecho tantos esfuerzos para enfrentar su pasado doloroso, no entienden por qué España no es capaz de hacerlo, declaró a su vez Reed Brody, de Human Rights Watch, presente en la reunión de Ginebra.

En el EPU pueden participar los 192 estados miembros de la ONU, los cuales son invitados a referirse sobre el respeto de la totalidad de los derechos humanos del país examinado, en un debate oral que dura tres horas.

Para darle contenido al EPU, el país puesto en observación eleva un informe sobre la situación de los derechos humanos, al tiempo que la ONU recoge las opiniones de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y recolecta la información existente en el sistema de Naciones Unidas.

En los próximos dos días, bajo el control de tres países elegidos por consenso –en este caso Sudáfrica, Chile e India–, los resultados de las deliberaciones se pondrán por escrito en un informe, junto con las recomendaciones formuladas a España, que entonces podrá aceptarlas, rechazarlas o postergar una respuesta.

Ese documento se someterá después al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su aprobación, oportunidad en que se reabrirá la discusión sobre el país examinado, con intervención de estados y las ONG.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es el máximo órgano en la materia del sistema de Naciones Unidas, integrado por 47 estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General del organismo mundial.