Los cambios a la Ley de Seguridad Nacional que regulan la actuación del Ejército contra el crimen organizado no quedarán congelados. Hubiera sido irresponsable aprobar en unas cuantas horas y sin ninguna revisión la minuta que envió el Senado a ese respecto, afirmó el diputado Ardelio Vargas Fosado, presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

Los diputados trabajaremos para subsanar los huecos que quedaron sin normatividad, como las tareas de erradicación de cultivos ilícitos, la instalación de puntos de revisión en carreteras y, sobre todo, que la declaratoria de incapacidad para combatir el crimen no se convierta en la posibilidad de juicios políticos para gobernadores o presidentes municipales, indicó.

En entrevista con La Jornada, el legislador priísta, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva y ex miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señaló que “de lo que se trata es buscar que se haga una legislación que funcione, y que no ocurra lo mismo que con la Ley de Extinción de Dominio, de la que tanto se habló y resulta ser un instrumento inoperante; se quiso hacer tan precisa que no sirve para nada, cuando lo que se buscaba era afectar las estructuras financieras de los grupos criminales.

Además, necesitamos que en paralelo se revise la actuación de otras autoridades, porque todo ha sido el Ejército y la Policía Federal, y bueno, ¿dónde están las procuradurías General de la República y las estatales?, porque van más de 100 mil detenidos y son muy pocos a los que se puso a disposición de un juez, se les decretó auto de formal prisión y finalmente se les dictó sentencia, comentó.

Presión de altos mandos

En días pasados y luego de que no se aprobaron las reformas legislativas antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, surgieron versiones de que había molestia en el alto mando militar porque se afectaría su fuero, y ello influyó para que los diputados no dieran salida a las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Sin embargo, explicó Vargas Fosado, “lo que ocurrió es que una hora antes de que concluyera el periodo fue entregada a las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Defensa Nacional la minuta del Senado. Si se hubiera sacado en una o varias horas hubiera sido una irresponsabilidad, pues la Cámara de Diputados funge como un órgano revisor y no como oficialía de partes, que sólo da trámite a lo que le mandan, y se van a precisar cosas.

“Es un gran avance el que nos manda el Senado, pero se requiere sacar una ley que sea útil y acorde a los tiempos. Lo que pretendemos hacer es que realmente cubra las expectativas que ha generado.

“Se tiene que revisar la intervención del Ejército en los temas que originalmente le corresponden y que tienen que ver con seguridad interior y seguridad nacional. Eso se tiene que dejar muy preciso, porque hay huecos en la minuta enviada por el Senado. Se tendrá que revisar lo que va a pasar con los operativos en desarrollo. Faltan detalles. Lo mismo en lo se refiere a la declaratoria de riesgo y amenaza a la seguridad interior en alguna región del país.

“Pongamos un ejemplo –añadió Vargas Fosado–: en la sierra de Sinaloa, donde existen zonas en que se cultiva amapola y mariguana, donde también se realizan tareas de erradicación, qué presidente municipal cargando toda la responsabilidad va a hacer una declaratoria de riesgo y amenaza a la seguridad interior.

“Más aún, la minuta señala que se hará esa declaratoria cuando hayan sido rebasadas las fuerzas, cuando haya incapacidad de las autoridades locales; yo quiero ver qué gobernador va a decir que tiene esa incapacidad y no le traiga responsabilidad política y jurídica. Aceptar expresamente eso no es cosa menor. Se estarían exponiendo a juicios políticos.

Hay reconocimiento a la labor del Senado, donde tardaron 17 meses en sacar esa minuta, y ese esfuerzo no se puede echar a perder por una acción irresponsable de la cámara revisora, concluyó.