Ante la promulgación de la ley que criminaliza a los migrantes indocumentados en Arizona, el gobierno de México está obligado a responder con una revisión a fondo de las relaciones con esa entidad estadunidense, que incluso lleguen al boicot comercial, aseveró la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero.

La suspensión de relaciones económicas con Arizona no sería una medida nueva, porque ya se ha aplicado algo similar. Cuando se puso en marcha el programa Bracero, a mediados del siglo pasado, el acuerdo incluía que no se permitiría a los trabajadores estar en Texas, que en aquellos años era la entidad que más se distinguía como antimigrante y discriminadora. Esa valentía debe mostrarse ahora, sostuvo Raúl Ross Pineda, dirigente de la coalición con sede en Chicago.

En entrevista, declaró que al promulgarse la norma SB1070, que también faculta a la policía a detener e interrogar a cualquier sospechoso de ser migrante, Arizona olvida que los migrantes mexicanos son un beneficio para cualquier lugar al que lleguen. Incluso es probable que las empresas de ese estado necesiten más de los indocumentados que ellos de aquellas.

Consideró que los trabajadores mexicanos y los latinoamericanos deben ser los primeros en aplicar el boicot y desplazarse a otros estados para que Arizona sienta el efecto de un día sin migrantes y seguramente cambiarían de actitud al descubrir el valor real del beneficio que aportan los indocumentados.

La Fraternidad y Alianza de Migrantes Oaxaqueños sostuvo que la legislación avalada el viernes no reducirá el flujo de indocumentados mexicanos a Estados Unidos, pero sí provocará una sicosis colectiva que impactará sobre todo en aquellos trabajadores que se desempeñan en el sector de los servicios.

Miguel García, de esa agrupación, aseveró que el flujo continuará. Ni aunque se endurezcan las leyes de migración, porque en México existen necesidades que el gobierno no ha podido atender.

En tanto, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que la ley antimigrante aprobada en Arizona representa un riesgo de que normas similares se extiendan en Estados Unidos.

Criticó la falta de acción y la tardía reacción del gobierno federal para evitar que ese precepto se aprobara. El gobierno debió actuar con mayor contundencia. La reacción de la cancillería parece más un lamento que acto político de condena a la ley.

Indicó que con la nueva normativa hay riesgo de mayores abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes en aquel país.

Hay una total negación de Estados Unidos para reconocer su obligación en el fenómeno migratorio, que surge por la pobreza y desigualdad generadas por la inequitativa relación económica entre los mismos estadunidenses y los países en desarrollo de América.