Senadores y diputados del PRI y del PRD pidieron al gobierno mexicano adoptar una postura firme y enérgica frente al gobierno de Estados Unidos, a fin de proteger a los migrantes mexicanos, a los que se tratará como delincuentes en Arizona, tras la promulgación de la Ley SB 1070.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, anunció que viajará a Arizona para solidarizarse con los mexicanos que ahí residen, y exigió que la postura del presidente Calderón sea de reclamo.

Los senadores Carlos Jiménez Macías, del PRI, y Graco Ramírez, del PRD, consideraron que la legislación puede ser frenada por la Corte Suprema de Estados Unidos, según lo instruyó el propio presidente Barack Obama, pero ese recurso puede tardar hasta 10 meses, tiempo en el que los trabajadores mexicanos pueden ser víctimas del clima xenofóbico, racista y antinmigrante que se vive en Arizona.

Ambos coincidieron en señalar que la motivación de esa nueva ley es electoral, ya que tanto la gobernadora Jan Brewer como los legisladores republicanos, entre ellos el senador John McCain, quien la impulsó, buscan quedar bien con su electorado y relegirse.

El riesgo no es sólo el contenido de esa ley, que permite a policías detener a todo migrante y penaliza que los indocumentados ofrezcan sus servicios, sino que puede propiciar que se intensifique la actuación de grupos como Minute Man Project, dedicados a la persecución de mexicanos y latinos, en general, que buscan empleo en territorio estadunidense.

Jiménez Macías recordó que el jueves pasado el Senado demandó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que mediante la embajada en Washington y la red consular, diseñe una clara estrategia de protección a los connacionales.

Es preocupante, recalcó el senador Ramírez, que policías locales o estatales, que no cuentan con preparación en temas migratorios, estén ahora facultados para detener a trabajadores en esa condición, a los que darán trato de delincuentes.

En tanto, el diputado Moreira deploró que “en un mundo globalizado las mercancías puedan viajar libremente de un lado a otro, pero las personas que buscan en otras latitudes mejores oportunidades, son humilladas, vejadas, detenidas y, ahora, hasta se les criminaliza.

Esa ley SB1070 recién promulgada por la gobernadora Brewer, recalcó, es producto de mentes conservadoras, que toman como pretexto a los migrantes para ganar el favor del electorado.

Además, es una muy mala señal de Estados Unidos, en momentos en que en México se libra una lucha para tratar de impedir que lleguen drogas a la sociedad estadunidense. A su juicio, el gobierno de Calderón debería condicionar incluso la cooperación con Washington en otros ámbitos.

El diputado perredista Mauricio Toledo criticó la pasividad y omisión manifiesta del gobierno de Felipe Calderón frente a un tema tan relevante como es el de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos”.

Calificó de felonía que los poderes Ejecutivo y Legislativo de Arizona autoricen tratar como criminales a los migrantes mexicanos, sin importar que con su trabajo contribuyen a edificar ese país.

Agregó que es vergonzoso que el gobierno federal no denuncie las atrocidades que en Estados Unidos se cometerán contra miles, por no decir millones, de compatriotas.