o cabe duda que la causa contra Garzón, habida cuenta la crispación consuetudinaria de la vida política española, agudizada por la crisis económica, los escándalos de corrupción y la obvia y manifiesta desesperación de la derecha por volver al gobierno, es un acontecimiento que, más allá de su innegable simbolismo, indica hasta qué punto las fuerzas conservadoras herederas del viejo régimen persisten en una visión sólo compatible con la democracia mientras ésta no toque los pilares institucionales y culturales que le permitan sobrevivir bajo las cambiantes condiciones del mundo moderno. Y esto es así porque las circunstancias históricas que hicieron posible la transición bajo la monarquía constitucional no permitieron zanjar las cuentas heredadas de la guerra civil y el posfranquismo. Sin embargo, ni el silencio ni la complicidad podrían cancelar la historia, evaporar la memoria o diluir en la fantasía del borrón y cuenta nueva la cruda realidad de que a pesar de todos los avances en la defensa de la legalidad y los derechos humanos, en España, enterrados bajo las cunetas de las carreteras yacen dispersos o en fosas comunes miles de fusilados a manos de quienes impusieron la dictadura del general Franco. Ése es el tema que ha hecho explotar la causa contra Garzón.

A 70 años del fin de la guerra no extraña que el pasado reviva, no para abrir heridas innecesarias, menos como una imposible por fantasmal venganza, sino como el intento justo y racional de restaurar moralmente la memoria de los vencidos, lo cual significa dar a los familiares de los desaparecidos alguna certeza sobre su destino final, una sepultura digna, si es posible, y la anulación de los procesos sumarios con los que se quiso enlodar su recuerdo. Una acción semejante, emprendida ya de mil maneras por la sociedad civil española, es dificil de cumplir con éxito sin el compromiso cabal de los órganos de justicia del Estado. Y ahí está la gran traba. Lo cierto es que, como ha dicho Victoria Lafora, todos los países que pasaron por terribles dictaduras han hecho un examen de conciencia, una relectura de su historia para no volver a cometer los mismos errores. España no.

Esa laguna, digamos, es la que quiso llenar el juez Garzón al admitir las denuncias de quienes, a pesar de la Ley de la Memoria y otras, seguían esperando que alguien se atreviera a remover la maraña de obstáculos creados para eludir la verdad sobre los crímenes y proteger a sus autores. Como apunta a su vez el ex juez anticorrupción Jiménez Villarejo, convertido por su defensa de Garzón en la bestia negra de la derecha judicial ibérica, el letrado “estaba obligado a otorgar tutela judicial suficiente y efectiva a unos denunciantes que describían, como resulta de los datos anteriores, un plan de exterminio sistemático de grupos sociales por razones ideológicas y políticas. La historia lo ha demostrado sobradamente. Pero el juez Varela, para comprender la magnitud de la masacre colectiva denunciada, debería examinar la moción del grupo parlamentario socialista (Boletín del Congreso de Diputados, 8/9/03) que se refiere a 150 mil fusilados por el franquismo y 500 mil presos políticos. Estamos ante crímenes contra la humanidad. Pese a la evidencia, para el instructor la apertura de las diligencias previas y acordadas para la investigación de los hechos eran objetivamente contrarias a derecho porque no estaban justificadas. Es decir, redujo todo el asunto a una interpretación mezquina y excluyente de la ley, típica de la mentalidad que hace del derecho un arma en apariencia neutral que se utiliza para salvaguardar privilegios o golpear sin mancharse las manos a los que se consideran enemigos, con lo cual asestan un golpe mortal al estado de derecho que dicen defender.

Los razonamientos de juristas, como el ya citado de Jiménez Villarejo, señalan, por el contrario, que ni la Ley de Amnistía ni la llamada de la Memoria Histórica podrían ser el fundamento de un proceso por prevaricación, toda vez que la acción de Garzón no incurre en ninguno de los supuestos en ellas contenidos. Esta defensa en el plano jurídico ha causado enorme molestia en círculos conservadores del Poder Judicial y alarma en el partido de la derecha que intentaba distraer con el juicio a Garzón el escándalo por la corrupción en que se ha visto envuelto y de los que se intenta derivar otra causa contra el juez.

El debate, como es previsible, trasciende los ámbitos mediáticos o judiciales españoles, pues la trayectoria de Garzón en defensa del principio de jurisdicción universal para los delitos de genocidio es seguida con interés en todas partes. En Buenos Aires, ahora mismo se intenta enjuiciar los crímenes del franquismo emulando al juez español. No deja de ser paradójico que la causa contra Garzón, quien ha llevado por años la investigación sobre las actividades de ETA y las dictaduras chilena y argentina, la inicien en España dos organismos marginales cuyo nombre e historia representan la quintaesencia del fascismo: la Falange Española de las JONS y la asociación Manos Limpias. Por eso no sorprende que la defensa de Garzón se extienda a partir de iniciativas surgidas en las filas de las dos grandes organizaciones obreras del país: la UGT y CCOO (Unión General del Trabajo y Comisiones Obreras) en todas las comunidades autónomas, con el apoyo de universidades, como la Complutense de Madrid, y el compromiso abierto de grandes personalidades de la cultura.

Las razones para tal convergencia no sólo están en la indiscutible justeza del asunto de fondo –reparación de los daños a las víctimas del franquismo–, sino que parten del reconocimiento integral de la trayectoria profesional del juez Garzón. Como expresó muy bien Cándido Méndez: Se puede compartir o no su estilo, pero Garzón tuvo la osadía de perseguir a terroristas de ETA, a torturadores a sueldo de dictadores latinoamericanos, a delincuentes de cuello blanco y a personas vinculadas a los principales partidos políticos sin distinción de ideología. Por eso, y por lo que representa para España la victoria de los fascistas, expreso mi apoyo sin ambigüedades al juez Garzón.