Dos semanas después de que se aprobó en comisiones el dictamen sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos, este miércoles se presentará al pleno del Senado en primera lectura y se prevé que se vote el jueves, una vez que los legisladores vencieron las presiones del gobierno federal para que cambiaran el capítulo referente a la suspensión de garantías individuales y se suprimiera la reparación del daño en caso de violaciones graves.

Además, el dictamen fue enriquecido con propuestas formuladas por organizaciones no gubernamentales (ONG); como la de incluir de manera específica la prohibición de la tortura, a la que nunca se podrá acudir en el país, ni siquiera durante estados de excepción motivados por guerras, invasiones u otros casos que pongan en riesgo a la sociedad.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell (PRI), comentó que en las modificaciones al artículo 29 constitucional se incluye un listado de derechos y otro de prohibiciones que no podrán suspenderse.

Explicó que entre éstas figuran la pena de muerte y la desaparición forzada, y ayer se agregó la prohibición de practicar la tortura.

Las ONG argumentaron que la prohibición debía quedar plenamente explícita y no sobrentendida en el derecho a la integridad personal, porque entre las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas formuló al gobierno mexicano, el pasado 26 de marzo, le solicitó que presentara pruebas de que en México no se usa la tortura como método de investigación policiaca, ya que tiene quejas de que sigue siendo práctica recurrente.

Una de las objeciones a la reforma, formulada por la Secretaría de Hacienda, se refiere a la obligación del Estado mexicano de reparar el daño en los casos de víctimas de violaciones graves a sus garantías fundamentales.

Por conducto de varios senadores del PAN, la dependencia que encabeza Ernesto Cordero insistió en que el gobierno federal no está en condiciones de asumir ese costo.

La solución que encontraron los senadores fue dejar la obligación a escala constitucional y fijar un año de plazo para elaborar una ley secundaria, en la que se defina el procedimiento para la reparación del daño.