La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) someterá a dos juicios al Estado mexicano por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, violadas por militares del 41 batallón de infantería durante el primer trimestre de 2002.

Las audiencias se efectuarán los días 15 de abril, y 27 y 28 de mayo, respectivamente.

En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y Amnistía Internacional (AI) México aseguraron que existen elementos suficientes para que el tribunal internacional responsabilice a las autoridades mexicanas de falta de acceso a la justicia para ambas mujeres.

Señalaron que a partir de que la CIDH tomó el caso aumentaron las amenazas contra defensores de derechos humanos en Guerrero, a tal grado que el tribunal ha dictado medidas cautelares en favor de 107 personas (activistas y familiares) relacionadas con el caso, pero el gobierno no ha cumplido a cabalidad.

Ante la falta de acceso a la justicia en México, la Corte representa, para las víctimas, una oportunidad de ser oídas, valoradas y encontrar justicia, pues es la única instancia en América que puede obligar al Estado mexicano a restituir los derechos violados de ambas mujeres.

Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI México, dijo que las agresiones ocurrieron en un contexto de militarización en Guerrero, en el que los delitos de los soldados permanecen sin castigo. Los abusos cometidos por el Ejército no son aislados y la impunidad en estos casos es sistémica.

Subrayó que no se trata de denuncias sin fundamento. De los cinco casos que la CIDH analiza contra México (dos ya resueltos), cuatro son por abusos en Guerrero e igual número por delitos en que participaron militares.

Obitilia Eugenio Manuel, de la OPIM, quien ha sido amenazada por defender a las víctimas, confirmó que en la región se vive tensión y miedo ante posibles agresiones. Confió en que la Corte determine la responsabilidad del Estado mexicano en estos casos para que los responsables sean sancionados.

Inés Fernández fue violada el 22 de marzo de 2002, cuando varios militares ingresaron a su domicilio en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres. Aun cuando los cuatro hijos de la mujer estaban presentes, los soldados la amenazaron e interrogaron sobre cosas que ella no pudo responder, pues no habla español.

La agresión contra Valentina Rosendo se perpetró el 16 de febrero de 2002; tenía 17 años. La joven lavaba ropa en un río cercano a su casa, en Barranca Bejuco, Ayutla de los Libres, cuando dos soldados se acercaron para preguntarle sobre el paradero de varios hombres. Ella dijo que no los conocía y los militares la agredieron sexualmente.

Ambas mujeres presentaron denuncias, pero al no lograr justicia acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que emitió varias recomendaciones que no fueron acatadas por México, razón por la cual los casos llegaron a la Corte.

Vidulfo Rosales, del Centro Tlalchinollan, aseveró que las autoridades han perdido pruebas y no hallan a los responsables, aun cuando las víctimas identificaron a dos cabos y dos soldados rasos como los agresores.