El presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) tuvo un ajuste de 83 millones 532 mil pesos para este año, y con base en el programa nacional de reducción del gasto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el pasado 12 de marzo a las dependencias de la administración pública federal, deberá recortar cuanto antes plazas de personal administrativo, la mayoría indispensables para el funcionamiento del hospital.

Médicos del instituto señalaron que las medidas son incongruentes y desconocen la realidad que vive el nosocomio, en particular por los enfermos de influenza A/H1N1, cuyo número en la actualidad es similar al registrado en abril de 2009, cuando surgió el nuevo virus.

Hasta el pasado lunes estaban hospitalizadas 40 personas y 20 más se encontraban en el área de terapia intensiva, en una tendencia que empezó a incrementarse en febrero pasado, según se observa en la gráfica de seguimiento diario de influenza que lleva el INER y cuya copia tiene La Jornada.

Funcionarios del nosocomio entrevistados advirtieron sobre el riesgo en que se encuentran otras áreas del instituto, porque al tener que garantizar asistencia médica a los afectados por la nueva gripe, las autoridades se ven obligadas a tomar dinero de cualquier lado.

Como ejemplo mencionaron el recorte de plazas administrativas, una de las cuales –propuesta por la Dirección Administrativa del INER– es la de una matemática, encargada del inventario de medicamentos para el control del VIH/sida.

Eligieron esa plaza porque la persona que la ocupa es de reciente ingreso, vulnerable y, según ellos (las autoridades), sin derecho que reclamar. El problema es que si ese puesto se pierde, antes tendrían que asignar a otra persona, competente, que se haga cargo del mismo trabajo, sobre todo a partir de julio, cuando se transferirá al INER la responsabilidad de administrar las terapias de los mil 136 pacientes portadores de VIH que se atienden en este organismo.

Hasta ahora, la mayoría de los seropositivos reciben el servicio médico en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (Cieni) del INER, donde se les da la receta que deben ir a surtir a la Clínica Condesa del Distrito Federal.

El recorte de personal se suma a la reducción en el presupuesto del instituto. Mientras en 2009 ejerció 839.5 millones de pesos, para 2010 cuenta con 756 millones, es decir, 83.5 millones menos. La medida pasó por alto el aumento en la demanda de servicios médicos y el alto costo que representa la atención de la influenza A/H1N1.

El pasado 26 de febrero, las dependencias de la administración pública federal –incluidos los hospitales– recibieron los lineamientos para la aplicación de medidas de control en el gasto de servicios personales. Aunque el documento plantea que se dará tratamiento específico a las actividades de seguridad pública, así como a las acciones docentes en escuelas y a las de atención médica en clínicas y hospitales, ninguna de éstas se excluye de la cancelación de plazas.

Venció el plazo

Además de los puestos de mandos superiores que también deberán cancelarse en este año, están los jefes de unidad, directores generales y adjuntos, jefes de departamento, enlaces y operativos. En cada nivel, las dependencias deberán proponer la desaparición de al menos 5 por ciento de las plazas. También incluye los puestos de eventuales y honorarios.

La SHCP estableció el 15 de marzo como fecha límite para recibir las propuestas de recorte de personal de las dependencias, y esta semana llegó la advertencia de que será la propia Secretaría de Salud –en el caso de hospitales– o Hacienda las que decidan dónde se aplicarán dichas cancelaciones de puestos.

En tanto, el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, también diseñado por la SHCP, dispone que deberán aplicarse disminuciones de al menos 6 por ciento en cada uno de los siguientes rubros: estudios e investigaciones, congresos y convenciones, combustibles para vehículos de servidores públicos y los destinados a servicios administrativos, mantenimiento, remodelación y conservación de oficinas, gastos de impresión, publicación y difusión de libros y folletos que no correspondan a la prestación de servicios públicos, entre otros.