La CNDH inicia queja por los asesinatos
Jueves 25 de marzo de 2010, p. 9
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja por el asesinato de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en la capital de Nuevo León; visitadores adjuntos ya recaban información, revelaron funcionarios del organismo. En el Senado se guardó un minuto de silencio en memoria de los alumnos fallecidos.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que apoye las investigaciones sobre esos hechos y colabore en la identificación y comparecencia de los militares que participaron en el enfrentamiento.
De acuerdo con funcionarios de la dependencia, la investigación quedó a cargo de la delegación de la PGR en Monterrey y las tres principales líneas de investigación son: Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo fueron asesinados por un grupo de sicarios que huía de los militares; fueron abatidos en el fuego cruzado, o los militares los confundieron con sicarios.
Los funcionarios consultados refirieron que las autoridades federales enviaron un escrito a la Sedena en el que solicitan que ponga a disposición del Ministerio Público a los soldados que se enfrentaron la madrugada del 19 de marzo con presuntos integrantes del crimen organizado en varias calles de Monterrey, que concluyó a las puertas del ITSEM.
La CNDH reportó que investiga de oficio
el caso de los dos presuntos narcomenudistas detenidos en un operativo en Santa Catarina, Nuevo León, el pasado domingo, quienes fueron trasladados al Hospital Universitario en un helicóptero de la Marina. Uno de ellos, Humberto Márquez Compéan, apareció muerto en un baldío de San Nicolás de los Garza un día después de su detención.
En un comunicado destacó que peritos, médicos, abogados y sicólogos viajaron a ese estado el lunes con el propósito de recopilar testimonios y material escrito y fotográfico. Apuntó que solicitó información a la Secretaría de Marina, a la PGR y a la procuraduría del estado, así como a las autoridades municipales de San Nicolás de los Garza y Santa Catarina.