En un video filmado a finales de diciembre se observa la manera en que Carlos Sánchez Cervantes, ex subdirector de área de la delegación Cuajimalpa, informa a Ismael Rivera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), que ya no está en pie la oferta de retirar los sellos de clausura a un antro de la zona de Santa Fe a cambio de un millón de pesos, pues existe otra persona que andaba prometiendo dos, además de que ofrece una cuota de 150 o 200 mil al mes.

Las imágenes fueron grabadas en el edificio delegacional. En ellas aparece, además del líder de los antreros y el ex servidor público, un supuesto gestor identificado como Raúl Criollo. Se habla sobre la situación del Bada Bing –clausurado por la demarcación en noviembre– y durante el diálogo Sánchez Cervantes da a entender que el jefe delegacional, Carlos Orvañanos, y su director jurídico, Camilo Campos, están enterados de la negociación.

A pesar de que los hechos ocurrieron hace más de tres meses, ni la demarcación ni los antreros presentaron la denuncia correspondiente ante la procuraduría capitalina y sólo cuando el acuerdo se vino abajo y terminó por ventilarse en los medios de comunicación, las partes decidieron acudir ante el Ministerio Público: Orvañanos aseguró que ayer por la noche presentó una denuncia e Ismael Rivera dijo que lo hará el próximo martes.

Ayer por la mañana el presidente de la Anidice ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer dos videos. El primero con duración de 12 minutos, al cual se refieren los párrafos anteriores, y un segundo de apenas tres minutos en el que filmó el diálogo que sostuvo con Raúl Criollo en la explanada de la demarcación.

De acuerdo con Ismael Rivera, el bar Bada Bing era propiedad de la sociedad anónima Fuerza y Excelencia Algar, y en un texto de dos cuartillas –que el mismo Rivera entregó– se asegura que los empresarios, viendo que podían perder su patrimonio, aceptaron dar el millón de pesos, pero jamás acordaron dar una cuota mensual de protección.

Sin embargo dicha aseveración ya no la sostuvo durante la conferencia y aseguró que haber accedido a entregar el millón de pesos tenía como objetivo documentar los actos de corrupción de las autoridades, lo cual no se concretó porque se cambiaron las condiciones del acuerdo al exigirles un millón más, además de la cuota mensual. Rivera insistió en que nunca se concretó el pago de un millón de pesos.

En entrevista telefónica, Orvañanos reconoció que Sánchez Cervantes fue contratado durante su administración, pero le exigió la renuncia –concretada el 28 de febrero– luego de que recibió llamadas y cartas anónimas en las que se señalaban los presuntos actos de corrupción en los que incurría su colaborador. Afirmó que nunca tuvo una sola prueba contra Sánchez Cervantes y que por la tarde recibió una carta firmada por el apoderado legal de Bada Bing en la que se deslinda de Ismael Rivera.