La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero presentó a dos indígenas mixtecos como presuntos autores intelectuales del asesinato del periodista Jorge Ochoa Martínez, director del semanario El Sol de la Costa, perpetrado el 29 de enero en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se afirmó que el crimen se debió a un incidente de tránsito.

En conferencia de prensa, el encargado de despacho de la dependencia, Albertico Guinto Sierra, informó que la madrugada de este jueves fueron detenidos Honorio Herrera Villanueva, en la comunidad de Cuadrilla Nueva, y David Bravo Gerónimo, en el poblado de Tlapalapa, ambos en el municipio de Ayutla de los Libres.

Explicó que David Bravo Gerónimo identificó al autor material, cuyo nombre no fue revelado, pero aseguró que ya fue identificado y en unas horas será detenido.

Según los detenidos, el 29 de enero el periodista circulaba en un vehículo por una calle de Ayutla de los Libres en sentido contrario, lo que provocó la molestia de los ocupantes de la otra unidad, pero ninguno quiso ceder el paso.

La actitud de Bravo Gerónimo provocó el enojo del inculpado, quien lo mató con una pistola calibre 38 súper. Según Guinto Sierra, se trató de un hecho fortuito y circunstancial.

El encargado de despacho de la PGJE explicó que tanto Honorio Herrera como David Bravo están implicados en calidad de inductores, pues azuzaron al presunto homicida a que disparara a Jorge Ochoa.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el defensor público federal (abogado de oficio) Manuel Pérez Mayor, encargado del caso de un presunto integrante del cártel de Sinaloa detenido en esa ciudad tras un enfrentamiento con la policía en junio de 2008, solicitó la comparecencia de una docena de reporteros que cubrieron el hecho para que testifiquen sobre presuntos abusos policiacos cometidos contra su cliente.

En respuesta, los comunicadores exigieron al juez Juan Moreno Miramontes –quien ordenó reponer el procedimiento de la causa penal 45/2008– cancelar los citatorios, con el argumento de que ellos no son parte del proceso.

Anunciaron que interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los defensores públicos dejen de usar a los periodistas para el desahogo de pruebas.

En los citatorios se pide a directores de diferentes medios de comunicación estatales revelar los nombres de los reporteros que cubrieron la nota sobre la captura del procesado, y les advierte que si se niegan sin justificar impedimento material o legal se les aplicará una multa de 30 días de salario mínimo vigente en esa zona económica.