Ciudad Juárez, Chih., 11 de marzo. Los 33 diputados del Congreso del estado, reunidos de manera extraordinaria en Ciudad Juárez, aprobaron la ley de extinción de dominio, con la cual se pretende combatir el secuestro, el robo de vehículos y la trata de personas.

La nueva norma, que podría entrar en vigor en unos días, dará facultades a las autoridades del estado para atacar las redes financieras del crimen organizado, así como incautarse de dinero y demás bienes producto de actividades delictivas.

Jorge Neavez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, explicó que esta ley permitirá a las autoridades congelar las propiedades donde se hayan cometido delitos y, una vez concluido el proceso judicial, se podrá ejercer dominio sobre ellas en caso de que el indiciado resulte culpable, o se le devolverán si es declarado inocente.

Los bienes incautados se utilizarán para reparar daños a las víctimas.

El diputado local perredista Víctor Quintana Silveyra aseguró que, mediante un fideicomiso, se vigilará el uso de los activos incautados para que no se conviertan en caja chica del gobierno del estado.

En la sesión, efectuada en el Centro Municipal de las Artes, Quintana Silveyra señaló que se vigilará el trabajo del Ministerio Público para evitar errores que permitan liberar a delincuentes.

Después del Distrito Federal, Chihuahua es el primer estado en aprobar este ordenamiento, eminentemente civil.

Además, la 62 Legislatura aprobó por unanimidad la Ley de combate al tráfico de drogas al menudeo, que incluye modificaciones a laa normas actuales para que el gobierno del estado enfrente este delito directamente. La disposición entrará en vigor un año después de su publicación.

Víctor Quintana Silveyra resaltó que estas modificaciones permitirán atacar el delito desde una perspectiva más sanitaria que punitiva, a diferencia del gobierno federal.

Jorge Neavez, del PRI, resaltó que los lineamientos previstos en las reformas ya existen, pero no hay presupuesto para aplicarlos en forma adecuada.

Los diputados coincidieron en que la venta de droga perjudica principalmente a los menores de edad, quienes pueden adquirirlas con mucha facilidad.