La ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes Purificación Carpinteyro Calderón comparecerá entre hoy y el próximo viernes ante un juez de procesos penales federales de la ciudad de México para responder a las acusaciones que le fincó la Procuraduría General de la República (PGR) por ser una de las presuntas responsables de entregar a medios de comunicación varias grabaciones privadas de quien fue su jefe, Luis Téllez Kuenzler, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó ayer Eduardo Luengo Creel, abogado de la mujer.

La ex funcionaria cuenta con una suspensión en vía de amparo que le concedió un tribunal unitario de circuito, la cual impide a las autoridades dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada la semana pasada por otro tribunal de esa jerarquía. Se le imputa el delito de revelación de secretos, cuya penalidad oscila entre seis y 12 años de cárcel.

La Jornada accedió ayer a la orden de captura librada por el segundo tribunal unitario penal del primer circuito, bajo la toca penal 57/2010, en la cual se menciona que la fiscalía de delitos cometidos por servidores públicos de la PGR dejó abierto lo que se conoce como un triplicado del expediente, a fin de aclarar a las autoridades judiciales que conocerán de este caso que aún se investiga al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna Jaime, como probable copartícipe del delito que hoy se imputa a Carpinteyro.

El pasado miércoles, el magistrado Ricardo Paredes Calderón libró la medida cautelar contra Carpinteyro por un delito que no es considerado grave y por ello alcanza la libertad provisional bajo caución, al considerar que la ex funcionaria es presunta responsable de revelar el contenido de llamadas telefónicas de Téllez a diversas personas, en una de las cuales se escucha al ex titular de la SCT decir que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la partida secreta de su sexenio.

La difusión de esas grabaciones (en febrero de 2009) en el blog de Internet Reporte índigo y en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui (Noticias MVS, primera emisión) ocasionó –tras varios días de escándalo– que Téllez renunciara al cargo de titular de la SCT. Sin embargo, un mes después recibió el apoyo de los accionistas agrupados en el Fideicomiso de Control de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para ocupar la presidencia del consejo de administración de la BMV, en sustitución de Guillermo Prieto.

Carpinteyro –quien ayer por la tarde participó en la conducción de un programa radiofónico– expuso sus argumentos del caso y dijo que se presentará ante el juez que la reclama para exponer todas las pruebas que demuestren su inocencia.

Por la mañana, en una entrevista radiofónica, la ex funcionaria acusó motivos políticos en la orden de aprehensión en su contra; señaló que pudo haber sido impulsada por un grupo político –no dio detalles– que utilizó a la PGR para sus intereses.

“No entendemos el motivo político [para] que reabran esta situación con esa virulencia. […] Parece más una persecución de índole política que cualquier otra, porque no existe una sola evidencia”, comentó.

Luengo Creel, ex abogado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, rechazó que su clienta fuera quien entregó a la prensa grabaciones de comunicaciones privadas de Téllez.

Precisó que Carpinteyro nunca declaró ante la autoridad ministerial que hubiera entregado al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, un disco compacto con dichas conversaciones, puesto que, durante la averiguación previa de la PGR, la inculpada se abstuvo de rendir cualquier declaración, lo cual era su derecho de ley.

Al consignar la indagatoria con la que se obtuvo la orden de captura de la ex funcionaria, la PGR sostuvo que Carpinteyro entró en contradicciones con Héctor Osuna, ya que, mientras ella aseguró a periodistas que dio a Gómez Mont el disco mencionado, Osuna rechazó ante los agentes del Ministerio Público Federal (mayo de 2009) que eso hubiera ocurrido.

Aunque la PGR reprodujo –en su pliego de consignación– copia de las entrevistas en que Carpinteyro declaró a medios de comunicación que dio a Gómez Mont el cedé con las llamadas de Téllez, esas declaraciones carecen de validez probatoria en cualquier proceso penal, de acuerdo con jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando Carpinteyro se presente a declarar, el juez de la causa tendrá entre tres y seis días naturales para determinar la situación jurídica de la ex funcionaria, ya sea con un auto de formal prisión o de libertad por falta de pruebas para procesarla.