Los dirigentes del frente Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia) formalizaron ayer ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una denuncia contra el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el secretario general de Gobierno de esa entidad, Luis Miranda, por el acuerdo entre el PRI y el PAN para impedir las alianzas en el Edomex, que fue atestiguado por Gómez Mont y Miranda, violentando la neutralidad a la que están obligados los funcionarios públicos.

Acudieron al IFE Jesús Ortega, líder perredista; Luis Walton, presidente de Convergencia, y Manuel Camacho Solís, coordinador del Dia, quienes se reunieron con el consejero presidente Leonardo Valdés para condenar las violaciones legales derivadas del acuerdo. Aceptarlo sería hacerse de la vista gorda ante el retroceso democrático. Sería, a los ojos de todos, confirmar que en nuestro país se está gestando un proceso de restauración autoritaria. Es nuestro deber denunciarlo y el de ustedes impedirlo, dijeron.

Al término de la reunión, Ortega Martínez destacó que en la firma del acuerdo hubo gravísimas violaciones a la Constitución que no pueden pasarse por alto, porque involucran la imposición de sanciones necesarias a quienes violaron la neutralidad. Sin embargo, también ratificó que, a pesar del acuerdo, las alianzas con el PAN se mantendrán porque cancelarlas es dejar que el PRI alcance su objetivo de romperlas.

En la queja se expresa que la firma del convenio, el 30 de octubre del año pasado, implica violaciones al artículo 134 constitucional, que ordena la neutralidad de los funcionarios públicos. También se trasgredieron los artículos 341 y 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se advierten como conductas sancionables de los funcionarios el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidaturas durante los procesos electorales.

Ortega Martínez descartó que se pueda dar vuelta a la hoja en un tema tan grave, como sugieren priístas y el propio secretario de Gobernación, porque son hechos muy sucios que deben ser conocidos y discutidos por la opinión pública.

De acuerdo con la queja, los funcionarios involucrados infringen el principio de neutralidad política y electoral que les impone el artículo 134, actuación tendiente a afectar el desarrollo de la vida democrática en el país y el normal desarrollo de los poderes e instituciones públicas conforme al régimen constitucional de división de poderes, así como el derecho de celebrar alianzas y coaliciones electorales, la equidad entre los partidos políticos y el derecho de asociación política de los ciudadanos mexicanos.

Interrogado sobre el impacto que tienen estos hechos en la discusión y eventual aprobación de una reforma política, Camacho Solís destacó la importancia de que un debate sobre esos temas implica necesariamente, de manera previa, restaurar la confianza entre los actores políticos. Sin embargo, descartó que el Dia ponga la salida de Gómez Mont como condición para discutir la reforma política .

En conferencia de prensa posterior, Camacho Solís leyó el documento anexo entregado al IFE, en el que se dice: Nuestro propósito no es generar un escándalo ni un conflicto adicional en una República que está aturdida por la crisis económica, la violencia y la impunidad. Tampoco dañar el prestigio de los funcionarios. Recurrimos al IFE y no a la PGR.