Querétaro, Qro., 8 de marzo. La Secretaría de la Contraloría estatal, que preside Clarisa Torres Méndez, interpuso una denuncia penal contra siete ex funcionarios de la pasada administración estatal (2003-2009), que encabezó el panista Francisco Garrido Patrón, por el presunto desvío de 155 millones de pesos para la adquisición de un predio de 97 hectáreas.

El titular de la Procuraduría General de Justicia de Estado (PGJE), Arsenio Durán Becerra, dio a conocer que la demanda se interpuso el viernes pasado contra quien resulte responsable, y rechazó revelar los nombres de los implicados.

“Por ahí tenemos una denuncia que involucra a algunos ex servidores públicos. No se denuncia a nadie en particular, simplemente dice ‘vengo a denunciar hechos presumiblemente constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos’, y la investigación indicará quiénes pudiesen ser responsables”, afirmó Arsenio Durán.

En entrevista colectiva, agregó que el presunto delito consiste en que el precio fijado al terreno era inferior al que pagó la administración de Garrido Patrón, de acuerdo con un perito valuador.

Por separado, Clarisa Torres señaló que los implicados serán llamados a comparecer.

Ambos funcionarios se negaron a revelar los nombres de los demandados y los detalles del predio, ubicado en la comunidad Granjas Tolimán, municipio de Colón, porque la ley se lo prohíbe.

Fuentes no oficiales sostuvieron que entre los siete demandados se encuentran tres ex funcionarios de la Oficialía Mayor del gobierno estatal, entre ellos el titular de esa área en el sexenio 2003-2009, Luis Miguel Sánchez Canterbury, y Jorge Cortizo Martínez, hoy secretario técnico en la alcaldía de Querétaro.

De igual forma fueron demandados cuatro integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones del pasado gobierno estatal.

El predio de 97 hectáreas habría sido adquirido con 155 millones de pesos de recursos federales, sin autorización para ello.

El actual gobernador, el priísta José Calzada Rovirosa, advirtió que si se usaron inadecuadamente los recursos federales durante la administración anterior, los responsables tendrán que pagar las consecuencias, y sostuvo que su interés es aclarar las presuntas irregularidades que se cometieron durante el gobierno de Garrido Patrón, mediante un análisis exhaustivo, profesional, serio y muy responsable.