La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que el presidente Felipe Calderón envió al Senado en abril pasado no pretende instaurar la suspensión de garantías, respondió el gobierno federal a los cuestionamientos que hizo el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al dar respuesta a las 26 preguntas que el comité planteó al gobierno de Calderón el año pasado, que este lunes serán analizadas en la sede de la ONU en Nueva York, las autoridades mexicanas señalaron que las modificaciones lo que buscan es crear la figura jurídica Declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior, a fin de permitir la participación de las fueras armadas y otras instancias de seguridad del Estado para enfrentar actos que afecten la seguridad interior, como la sublevación en una entidad federativa.

Se utilizará cuando haya agresiones contra autoridades del Consejo Nacional de Seguridad o actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de un municipio, estado o región.

Este lunes, durante la revisión del quinto informe periódico de México en la materia, se evaluarán las respuestas del gobierno mexicano, entre las cuales resalta que esa declaratoria procederá cuando se presente cualquier situación que de no atenderse de inmediato pueda derivar en una perturbación grave del orden o la paz pública, o ponga a la sociedad en grave peligro y conflicto, pero en ningún caso implica la suspensión de garantías individuales.

Detalla el gobierno mexicano que el Consejo de Seguridad Nacional integrará el expediente para sustanciar la solicitud, y para ello considerará la opinión de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional. Se establecerá la situación de que se trate, región geográfica afectada, medidas a instrumentar, temporalidad, insti- tución responsable y autoridades que colaborarán. La vigencia de la declaratoria podrá prorrogarse mientras subsistan las causas que le dieron origen o modificarse, y nunca podrá ser por tiempo indefinido. Cuando desaparezca la situación que motivó la declaratoria, el Ejecutivo federal hará del conocimiento de la sociedad la conclusión de la medida.

En la iniciativa de reformas se propone revisar y redefinir los conceptos de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior, con la finalidad de construir los fundamentos que permitan garantizar su aplicabilidad permanente.

Insiste el Ejecutivo ante dicho comité que se pretende definir claramente el procedimiento de participación de la fuerza armada permanente y sus atribuciones en materia de seguridad interior, lo que ofrecerá certidumbre jurídica y operatividad a su intervención en favor de los ciudadanos. Esta iniciativa ya fue aprobada en el Senado.

Asevera el gobierno mexicano que estas reformas no son consideradas como estados de excepción, toda vez que no es indispensable la suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional. Lo que buscan estos cambios es que antes de que el peligro se agudice se pueda disponer de la fuerza con que cuenta el Estado, sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables para hacer frente a dicho peligro.

Sostiene: en ninguna parte del territorio nacional se han derogado los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Las fuerzas armadas se encuentran subordinadas al Presidente de la República. Ejército, Fuerza Aérea y Armada, de acuerdo con tesis de la Suprema Corte, pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad pública; pueden actuar acatando órdenes del Presidente, con estricto respeto a las garantías individuales, y su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional.

El informe afirma que las fuerzas armadas actúan en el combate al crimen organizado con carácter temporal y complementario, auxiliando a las autoridades civiles a petición expresa, tal como se establece en el Programa Nacional de Derechos Humanos.

Precisa el documento que del primero de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó mil 836 quejas por supuestas violaciones a las garantías básicas, cometidas por militares con motivo de la lucha contra el crimen organizado, que van de cateos ilegales, detenciones ilegales y asesinatos, hasta torturas y lesiones. Del total de quejas sólo se emitieron 38 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional.