Las policías estatales y municipales –además de los del Distrito Federal– que integran a 91.3 por ciento de los elementos que hay en el país, sólo han adquirido armamento nuevo suficiente para dotar a 20 por ciento de sus 390 mil 657 elementos en los tres años del actual gobierno.

Información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenida por órdenes del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) señala lo anterior y añade que en la administración de Felipe Calderón las entidades han adquirido un total de 79 mil 498 armas (65 mil 926 son pistolas y 13 mil 572 ametralladoras, subametralladoras y rifles de precisión para francotiradores) por un monto total de mil millones 82 mil 887 millones 192 pesos.

Según datos proporcionados por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en su más reciente comparecencia ante la Cámara de Diputados, las policías locales están encargadas de combatir los delitos del fuero común –principalmente robo y homicidio–, que representan 93 por ciento del total que se cometen a escala nacional.

La cantidad de armamento adquirido por las entidades y municipios contrasta con las 300 mil que ingresan ilegalmente cada año al país provenientes de Estados Unidos, según el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del vecino país, entre las que se encuentran ametralladoras, subametralladoras, granadas, lanzacohetes y municiones antitanque.

En el Distrito Federal es donde más se ha invertido en armas: 110 millones 469 mil 119 pesos. Le sigue Chihuahua, con 103 millones 535 mil pesos; estado de México, 99 millones 707 mil pesos; Michoacán, 68 millones, 821 mil pesos; Veracruz, 56 millones 444 mil pesos; Guanajuato, 51 millones 821 mil pesos; Jalisco, 49 millones 863 mil pesos; Sinaloa, 44 millones 498 mil pesos; Sonora, 44 millones 216 mil pesos; Nuevo León, 43 millones 63 mil pesos; Puebla, 39 millones 665 mil pesos, Yucatán, 31 millones 449 mil pesos.

Baja California, con 28 millones 686 mil pesos; Oaxaca, 28 millones 579 mil pesos; Guerrero, 27 millones 821 mil pesos; Quintana Roo, 25 millones 800 mil pesos; Zacatecas, 25 millones 68 mil pesos; Querétaro, 19 millones 845 mil pesos; Chiapas, 18 millones 642 mil pesos; Tabasco, 17 millones 762 mil pesos; Aguascalientes, 16 millones 250 mil pesos; San Luis Potosí, 14 millones 785 mil pesos; Hidalgo, 13 millones 449 mil pesos; Coahuila, 12 millones 452 mil pesos; Morelos, 12 millones 571 mil pesos; Campeche, 11 millones 328 mil pesos.

Tlaxcala, 10 millones 279 mil pesos; Nayarit, 7 millones 495 mil pesos; Colima, 6 millones 256 mil pesos y Baja California Sur, con 4 millones 252 mil pesos.

De acuerdo con la ley vigente, la Sedena, por medio de la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones, es la encargada de tramitar la adquisición y venta de todas las armas que se comercializan a escala nacional; incluidas las de corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, así como de las empresas de seguridad privada y los particulares.

Es por ello que la única dependencia que posee las cifras sobre la adquisición de armas en el país es la Sedena, la cual inicialmente negó la información requerida con el argumento de que al dar a conocer la información solicitada, la delincuencia organizada sabría exactamente con qué armamento disponen los cuerpos policiacos de los estados y aprovecharán las circunstancias de tiempo y lugar para buscar intimidar, agredir o secuestrar al personal de las fuerzas de seguridad pública, colocándolos en desventaja para defenderse.

Aseguraba que los grupos delictivos estarían en condiciones de anticiparse, eludir, obstaculizar o bloquear las acciones que realiza el personal policiaco para acotar sus actividades, comprometiéndose el éxito de sus operaciones, lo que provocaría un sentimiento de inseguridad en la población y falta de credibilidad en las instituciones del gobierno federal, lesionando las estrategias para combatir la comisión de delitos.

Se vería minimizada, indicaba, la efectividad de las operaciones contra la delincuencia organizada, debido a que los grupos delictivos emplearían la información para adquirir mayor cantidad y calidad de armas que les permita facilitar la ejecución de sus actividades ilícitas, superando en número y armamento la capacidad de las corporaciones policiacas que se encuentran desarrollando actividades en su contra”.

A pesar de la oposición de la comisionada del IFAI, Sigrid Artz, ex secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, el IFAI resolvió ordenarle a la Sedena entregar la información solicitada, aunque por tratarse de una cuestión reservada, no precisó el número y tipo de armas solicitadas por los municipios y estados, ni tampoco las armas entregadas a los ayuntamientos.

De manera general, la dependencia indica que la entidad que más armas ha solicitado en el período señalado es el Distrito Federal, con 12 mil 378, seguida por el estado de México, 9 mil 567; Jalisco, 4 mil 937; Chihuahua, 4 mil 860; Michoacán, 4 mil 307; Guanajuato, 3 mil 747; Veracruz, 3 mil 336; Sonora, 3 mil 239; Sinaloa, 2 mil 527; Puebla, 2 mil 4; Quintana Roo, 2 mil 2; Tamaulipas, mil 897; Tabasco, mil 790; Baja California, mil 765; San Luis Potosí, mil 739, Aguascalientes, mil 717; Durango, mil 707; Nuevo León, mil 620.

Querétaro, mil 546; Coahuila, mil 536; Guerrero, mil 253; Chiapas, mil 235; Zacatecas, mil 191; Oaxaca, mil 188; Yucatán, mil 110; Nayarit, mil 91; Morelos, 916; Colima, 915; Campeche, 923; Hidalgo, 762; Tlaxcala, 558 y California Sur, 235.

En términos generales la entrega de las armas solicitadas se ha llevado a cabo, salvo en los casos de Jalisco y Michoacán, en donde aún les restan por entregar mil ocho y mil 615, respectivamente.

La Sedena sostiene que en los casos en los que no se ha concretado la venta de armamento se debe a la “falta de capacidad en la licencia oficial colectiva –cada arma que se vende va amparada con un permiso individual de portación de la misma–; cancelación de proyectos de inversión de la entidad peticionaria y falta de disponibilidad en el mercado internacional.