l miércoles pasado se efectuó una gran protesta a lo largo de todo el estado de California en contra de los drásticos recortes al presupuesto en educación. Decenas de miles de estudiantes, profesores, padres de familia, trabajadores y representantes de diversas agrupaciones sindicales marcharon por las calles de las principales ciudades del estado reclamando al gobernador y al Congreso estatal los draconianos recortes que ha sufrido el sistema educativo en todos sus niveles y los que se prevé sufrirá en el futuro.
A diferencia de nuestro país, cada estado es responsable de recabar y distribuir los fondos para la educación. Como resultado de esos recortes han sido despedidos miles de profesores y trabajadores administrativos, se redujeron las clases y se restringió el equipamiento de los recintos escolares. En contrapartida, hubo aumentos en las colegiaturas de las universidades públicas que excedieron 30 por ciento, que en algunos casos llegan a 10 mil dólares anuales.
Las restricciones presupuestarias a que se ha sometido a la educación tienen su origen en la necesidad de abatir el astronómico déficit fiscal del estado, cuyo monto es de más de 20 mil millones de dólares. Por ello la calidad de la enseñanza ha disminuido sensiblemente y es casi seguro que se reducirá aún más. Por lo pronto, para miles de estudiantes será cada vez más difícil tener una educación universitaria.
El gobernador Schwarzenegger ha sido incapaz de diseñar una política fiscal que permita incrementar los recursos que capta el estado para hacer frente a la creciente demanda de servicios; la educación, uno de ellos. Tampoco el Congreso ha podido encontrar una salida a las restricciones de una legislación que obliga a que cualquier aumento en los impuestos en California debe ser aprobado por las dos terceras partes de los legisladores. La bancada demócrata ha intentado superar esa restricción establecida desde los años 70 del siglo pasado, pero ha sido imposible por tener sólo mayoría simple para derogarla. Al igual que en el resto del país, hay quienes se oponen a cualquier aumento en los impuestos, medida cada vez más urgente para garantizar los servicios que el Estado debe proporcionar.
Las protestas fueron pacíficas en su mayoría, pero los casos de enfrentamientos entre policía y estudiantes –mínimos, considerando el número de personas que participó a lo largo de la jornada en todo el estado– son muestra de la desesperación por las difíciles condiciones que los estudiantes tienen que afrontar para lograr su educación.
El problema presupuestal y sus efectos en las restricciones educativas son similares en otros estados. Por ello, no faltó quien hiciera una referencia a la revolución estudiantil que en los años 60 de la centuria anterior se incubara en Berkeley y pocas semanas después se extendiera a las principales ciudades de Estados Unidos. La decisión para evitarlo descansa en un gobernador y un Congreso que, al parecer, no han tenido la sensibilidad política para entenderlo.
