oy, en nuestro país, la celebración oficial del Día Internacional de la Mujer no sólo debe cotejarse con los avances logrados por las mexicanas en años recientes, sino también con las circunstancias desfavorables, lacerantes y hasta trágicas que enfrentan millones de ellas a raíz de la disolución del estado de derecho en diversas regiones del país, de la crisis económica y de la ofensiva clerical y conservadora orientada a privar a la población en general, y a las mujeres en particular, de derechos reproductivos y de género.
En el primero de esos ámbitos, la impunidad imperante se traduce en numerosas víctimas de injusticias y atropellos. En el contexto de generalizada inseguridad y de devaluación de la vida humana que se ha instaurado en el país, persisten y se multiplican los feminicidios en diversas entidades, así como los casos de explotación sexual, la violencia doméstica y los abusos contra menores que laceran tanto a ellos como a sus madres. Otro tanto ocurre con las progenitoras de los menores muertos en el incendio ocurrido hace nueve meses en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, episodio en el que, hasta la fecha, las autoridades de los distintos niveles de gobierno no han querido o no han podido llevar a cabo el obligado esclarecimiento y la procuración de justicia para los responsables de esa tragedia. Y a esas madres privadas de sus niños por una situación atribuible a la imprevisión, la indolencia o la corrupción de funcionarios públicos, ha de agregarse a las que han perdido a sus hijos por efecto de la descontrolada violencia delictiva que azota al país, uno de cuyos momentos más atroces tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, a finales de enero pasado. En esa misma localidad, en los primeros días de este año, fue asesinada la activista de derechos humanos Josefina Reyes, sin que hasta ahora se haya dado un esfuerzo gubernamental creíble por investigar y sancionar su muerte.
En el terreno económico, las mujeres deben hacer frente, al igual que los hombres, pero con frecuencia en condiciones de mayor desprotección, al desempleo, la carestía y la caída del poder adquisitivo de los salarios e ingresos personales. Ello las afecta en diversas dimensiones: en su condición de amas de casa, en tanto que trabajadoras y, de manera particularmente acentuada, a las jefas de familia y a las madres solteras. Y si bien la falta de trabajo es un drama personal para ambos géneros, para el sexo femenino la pérdida del trabajo suele conllevar la disminución de la independencia y de la soberanía personal.
En lo que constituye una verdad a medias, en el mejor de los casos, las autoridades afirman que tanto el colapso de la seguridad pública como el naufragio económico responden a factores que se encuentran más allá de su control. No pueden argüir otro tanto, en cambio, ante los embates legislativos conservadores que, en casi una veintena de entidades federativas, han coartado los derechos de las mujeres, han criminalizado la interrupción voluntaria del embarazo y las han colocado en una situación de exasperante maternidad forzada. Suman centenas los casos de imputaciones penales contra quienes han decidido abortar, en lo que constituye una inadmisible sumisión de las leyes a la moralina hipócrita de los mandos religiosos, una abdicación del Estado laico y un atropello a las garantías individuales.
En tales circunstancias, los festejos oficiales por el Día Internacional de la Mujer se presentan como un acto de simulación y un gesto demagógico y mediático, y son, para las mexicanas, un agravio adicional a los ya mencionados.
