La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que la solicitud de extradición que formuló el gobierno de Ecuador contra la connacional Lucía Andrea Morett Álvarez no satisface los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición suscrito entre México y esa nación.

Tampoco –abundó la cancillería– cumple con lo que ordena la Ley de Extradición Internacional para iniciar el procedimiento correspondiente. Por ello, la SRE devolvió este lunes dicha solicitud al gobierno ecuatoriano, por conducto de su embajador en México, Galo Galarza Dávila.

La información que circuló anoche en la cancillería mexicana ocurrió después de que la asociación de padres y familiares de los jóvenes asesinados en Sucumbíos, Ecuador –Verónica Velázquez, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Soren Ulises Avilés, y de la única sobreviviente Lucía Morett–, realizaron un mitin de protesta frente a la embajada de Colombia en esta ciudad, para después manifestarse en la sede de la SRE, en avenida Juárez.

Los manifestantes, entre ellos integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, exigieron, a dos años del asesinato de los estudiantes de esas instituciones educativas, que se castiguen esos crímenes de lesa humanidad y se ponga fin a la persecución política contra Morett.

Precisamente, en una misiva dirigida a la canciller mexicana, Patricia Espinosa, suscrita por los padres de Lucía, Jorge Morett y María de Jesús Álvarez, demandaron a la SRE que exprese su rechazo a la solicitud de extradición de su hija, ya que, de acuerdo con información de la Dirección Jurídica de esa secretaría, no han encontrado elementos que prueben la comisión de delito alguno, además de la declaración pública del propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, de que nuestros hijos fueron víctimas, no victimarios.

De la masacre acaecida en los primeros días de marzo de 2008, en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos, responsabilizaron al presidente de aquel país, Álvaro Uribe, quien reconoció haber ordenado el ataque contra el campamento sin que a la fecha él y los demás responsables enfrenten la acción de la justicia. Por el contrario, han desatado contra nuestra hija Lucía una persecución política disfrazada de proceso judicial.

En ese sentido, cuestionaron que las autoridades de Colombia, abusando del poder de su Estado, hayan logrado que la Interpol emitiera una ficha roja para la detención de Lucía en más de 180 países. Los manifestantes señalaron que ante tal situación, no hemos encontrado en nuestro gobierno la respuesta que correspondería en la defensa de una connacional, víctima de graves violaciones a sus derechos humanos.