Ante las críticas crecientes que han desatado las conversaciones entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el futuro de la cédula de identidad y la credencial para votar, este organismo debería asumir que negociar con el gobierno federal puede afectar su autonomía y tener tintes de ilegalidad, sostuvo el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar.

Agregó que las pretensiones de algunos legisladores de exhortar al IFE a cancelar las negociaciones deberían ser una señal para reorientar el tema.

El consejero Alfredo Figueroa consideró que las iniciativas de legisladores podrían recuperarse para relanzar un debate amplio y llevar el tema a una discusión de Estado, ámbito en el cual siempre debió estar, lo cual permitiría involucrar no sólo al IFE y al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y el Judicial, así como al Instituto Federal de Acceso a la Información.

Recordó que, en primera instancia, las pláticas con Gobernación se produjeron a partir de la necesidad del IFE de defender la vigencia de la credencial para votar y el padrón electoral, ya que éste era amenazado por la iniciativa presidencial.

Añadió que por ahora las pláticas han derivado a un ámbito en que se han salvaguardado ambas prioridades del IFE, pero no han concluido en un proyecto concreto que se implemente con el acuerdo de ambas partes.

Más crítico ante las conversaciones, Gómez Alcántar aseveró que el convenio con Gobernación era claramente ilegal, y así lo han entendido los legisladores, que, abundó, deberían elaborar un proyecto en la materia.

A su juicio, existía el riesgo de abrir las puertas para el retorno de Gobernación al IFE, en la medida en que para recibir la credencial de elector era necesario obtener antes la clave única de registro poblacional, lo cual afecta los derechos políticos del ciudadano y vulnera la autonomía del organismo.

Debemos entender que Gobernación se fue de aquí desde hace años; de ahí que preocupe la cercanía que el IFE busca con esa dependencia, insistió.

Apuntó que debe retomarse la interlocución con el Congreso para alcanzar una salida realmente legal a la polémica generada por el proyecto gubernamental. Si el IFE se empecina en el convenio, lo único que va a hacer es enturbiar más lo que ya de por sí es un turbulento panorama político.

Comentó que en las conversaciones con la dependencia federal se aprecia más bien una aventura que un acto viable, porque no tenía ningún asidero legal para su realización. Celebró que existan posturas crecientes en el Legislativo por acotar estas negociaciones y encaminar el tema hacia un debate sobre las reformas que se necesitan.

En días pasados, en un nuevo acercamiento entre el IFE y Gobernación, esta secretaría planteó que relanzaría la iniciativa para hecer contactos con los partidos políticos y el Congreso con el fin de ir posibilitando el consenso entre los actores políticos.