Madrid, 1º de marzo. Un juez de la Audiencia Nacional Española acusó hoy al gobierno de Venezuela de brindar ayuda en una supuesta alianza entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización armada vasca ETA, quienes buscaban asesinar al presidente Álvaro Uribe, a su antecesor, Andrés Pastrana, y a otros altos funcionarios colombianos, lo cual fue rechazado por Caracas al considerarlo inaceptable y de naturaleza y motivación política.

De acuerdo con el dictamen del magistrado Eloy Velasco, obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA.

En particular, el juez mencionó como vínculo entre ambas organizaciones al supuesto militante etarra Arturo Cubillas Fontán, casado desde 1990 con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade, directora general del gabinete de la Presidencia.

Cubillas ha ocupado diversos cargos públicos en el país sudamericano desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, en 1999, entre ellos el de director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.

De acuerdo con Eloy Velasco, Cubillas es el responsable de ETA en Venezuela, donde se encarga de coordinar las actividades entre la organización vasca y las FARC, con supuesto conocimiento y ayuda de las autoridades venezolanas.

El presunto activista de ETA incluso estuvo a punto de recibir la nacionalidad venezolana, pero ello no ocurrió por presiones de Madrid.

Siete guerrilleros procesados

En su resolución, el magistrado español procesó a siete presuntos miembros de la guerrilla colombiana: Rodrigo Granda, Emiro del Carmen Ropero, Remedios García, Luciano Martín, Omar Arturo Zabala, Víctor Ramón Vargas Salazar y Édgar Gustavo Navarro Morales.

Asimismo, condenó a otros cinco presuntos integrantes de ETA, además de Cubillas Fontán: José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa, José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio.

Todos los acusados están libres y ahora pesa sobre ellos una orden internacional de aprehensión. Tres de los supuestos etarras viven en Cuba, uno en Venezuela, otro en México y del último se desconoce el paradero.

Según las investigaciones del juez un grupo de etarras acudió en 2007 a impartir un curso a guerrilleros de las FARC en territorio venezolano, para lo cual habrían contado con el conocimiento y la compañía de militares de ese país.

La colaboración entre las dos organizaciones armadas se remontaría al verano de 2003, cuando los colombianos ofrecieron adiestramiento a cuatro militantes de ETA. En diciembre de ese mismo año continuaron las asesorías a los supuestos etarras, esta vez en el manejo de misiles tierra-aire.

En 2000, abundó el juez Velasco, un grupo de guerrilleros colombianos acudió a España a pedir ayuda a ETA para localizar en el país al ex mandatario Andrés Pastrana y seguir a Álvaro Uribe en sus visitas, para después atentar contra ellos.

Frente a estas acusaciones, el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que Madrid está a la espera de una explicación de Venezuela, y en función de esa respuesta actuará su administración.

Caracas calificó de inaceptable la denuncia del juez español, y consideró que esos señalamientos tienen un trasfondo político para dañar la imagen del presidente Hugo Chávez.

Mediante un comunicado de su cancillería, el gobierno venezolano dijo tener conocimiento por vía de prensa del auto de procesamiento emitido, en el cual se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política.

Venezuela manifestó que el juez pretende acusar a un ciudadano que reside en el país desde 1989, como producto de los acuerdos entonces alcanzados por (los ex presidentes) Carlos Andrés Pérez y Felipe González, y subrayó que en vez de mencionar estos nombres, se refiere reiteradamente y de manera irrespetuosa a Hugo Chávez, con señalamientos tendenciosos e infundados.

“La totalidad de los cuestionamientos formulados por este juez son producto de la utilización de archivos contenidos en el computador supuestamente incautado a Raúl Reyes –número dos de las FARC, muerto durante un ataque aéreo en marzo de 2008 en suelo de Ecuador–, farsa que ya ha pasado a formar parte del folclor político colombiano.”

Horas más tarde, el propio Chávez afirmó que los señalamientos de la Audiencia Nacional de España y el gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de no combatir debidamente el narcotráfico, son parte de una orquesta que dirige el imperio yanqui contra su gobierno.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, reaccionó con prudencia a los señalamientos del juez, y dijo que la respuesta oficial de Bogotá se dará a conocer por los canales diplomáticos, una vez que se dé seguimiento al tema.

Andrés Pastrana (presidente colombiano 1998-2002) pidió una explicación a Venezuela sobre las acusaciones, que consideró graves.