La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado impulsa una iniciativa para crear una ley para la organización y el desarrollo de la economía campesina, orientada a mejorar la baja productividad del minifundio, toda vez que de cinco millones y medio de unidades productivas que hay en el campo, 72 por ciento son inviables para la agricultura y la ganadería, por tener menos de cinco hectáreas.

Tal situación mantiene en la pobreza a dos de cada tres productores agropecuarios, advirtió el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Heladio Ramírez, autor de esa reforma que fue luego suscrita por el coordinador, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y todos los demás integrantes de la bancada priísta.

En la exposición de motivos se advierte que el minifundio constituye el más desafiante problema estructural del campo mexicano, no sólo a causa de su reducida superficie, sino porque se trata de suelos erosionados, con elevados costos de producción, y los campesinos, que no son sujetos de créditos bancarios, no alcanzan la retribución mínima para satisfacer con decoro sus necesidades familiares.

En entrevista, el senador Ramírez explicó que hay un fuerte deterioro en la calidad de vida rural, que se expresa en el éxodo masivo a los polos urbanos y en el casi medio millón de campesinos que cada año emigran a Estados Unidos en busca de oportunidades, sin importarles los riesgos a su propia vida.

Labor en un maizal de Tocuila, estado de México, en imagen de archivoFoto Víctor Camacho

Expuso que el estancamiento del sector rural, la incertidumbre en relación con los precios internacionales de los productos agrícolas, la débil defensa del sector en la apertura comercial estimulada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la restricción del financiamiento han contribuido a incrementar la pobreza entre minifundistas y productores para el autoconsumo.

De los 25 millones de mexicanos que viven en el campo, 40.8 por ciento padece de pobreza alimentaria.

A través de la nueva ley, detalló, se busca dar respuesta a la realidad del minifundio, a través de una renovada estrategia económica, social y ambiental. Se proponen las bases estructurales de una nueva economía campesina, que pone en el centro la organización de la parcela familiar, de la comunidad y de las tierras de uso común, donde se encuentra la mayor parte de los recursos naturales.

Se busca, precisó, impulsar proyectos promovidos y desarrollados por los propios campesinos organizados económicamente, por la comunidad o por concesionarios autorizados por la misma. En ese sentido, será fundamental que se establezcan políticas públicas para estimular a los campesinos en sus actividades productivas y en capacitarlos para que manejen con eficacia sus relaciones con el mercado y las instituciones.