Las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el Senado impulsan reformas constitucionales en materia de fuero, en las que, al contrario de un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ratifica la protección a los legisladores, con el fin de que puedan expresar de manera libre y sin límites sus opiniones y puntos de vista.

El coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, presentó una iniciativa en ese sentido en la sesión del jueves pasado, en la que se propone modificar por completo el artículo 61 de la Carta Magna con el fin de evitar que se acote el fuero constitucional de los legisladores en materia de libertad de expresión.

El proyecto fue presentado después de que la SCJN concedió amparo a Manuel Bartlett Díaz en un juicio contra el ex dirigente nacional panista Germán Martínez Cázares, quien, cuando era diputado y representante de su partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE), lo acusó de ser el artífice del fraude electoral del 88 y presunto asesino de Manuel Buendía.

Los ministros determinaron que en el momento en que el panista formuló tales acusaciones no actuaba como legislador, sino como representante del PAN ante el IFE y, por tanto, no estaba protegido por lo señalado en el artículo 61: los diputados y senadores son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

En su iniciativa, Madero propone otra redacción: los diputados y senadores son inviolables por las opiniones manifestadas en todo tiempo y durante el periodo que dure el encargo y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada cámara velará por el respeto a la inviolabilidad de las opiniones de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Con tal modificación, se evita por completo limitar el fuero constitucional, como se hizo en el caso del amparo a Bartlett.

En la exposición de motivos, Madero cita una de las intervenciones del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea durante el debate previo a la resolución:

Hay que tener en cuenta que esta inviolabilidad parlamentaria no constituye un derecho fundamental del legislador. Es una garantía institucional que se le da para proteger la función parlamentaria esencialmente del órgano legislativo e indirectamente de cada uno de sus integrantes, siempre y cuando estén desempeñando una función legislativa, que es aquella, como hemos insistido aquí, que le otorga el orden jurídico.

Por lo que toca al PRI, en su proyecto de reforma política incluye modificaciones en materia de fuero constitucional.

Deja en sus términos el artículo 61, pero propone cambios de fondo al 111, en lo que se refiere al juicio de procedencia a legisladores y, en general, servidores públicos que incurran en responsabilidades penales.

Los priístas proponen que intervenga la Corte, con el fin de que se integre una sala especial, compuesta por tres ministros, cuya función exclusiva sea valorar los elementos aportados por el Ministerio Publico y decidir si procede la apertura del procedimiento penal. En caso de que se inicie proceso judicial, el funcionario o legislador podrá seguir en el cargo.

En cambio, en la iniciativa del PAN se elimina por completo el fuero si los legisladores cometen delitos de tipo penal, para que se les someta a juicio como a cualquier ciudadano.