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Operadores de programas sociales inducen más al voto, enfatiza

Defiende Pablo Gómez su propuesta: es para que los religiosos se expresen libremente
 
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 8

México es de los pocos países del mundo en el que algunas personas tienen restricciones en su libertad de expresión y eso debe acabar, sostuvo el senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD.

Aclaró que la reforma al artículo 130 constitucional, que presentó un día antes, no tiene como propósito que los sacerdotes puedan ser votados, sino para que recuperen el derecho a manifestar sus ideas políticas.

Sostuvo que se les debe restituir ese derecho, sin importar que hagan proselitismo contra la izquierda; aunque usen la libertad para combatir la libertad, porque también eso se permite en un sistema democrático.

El perredista resaltó que en 1978 el dirigente comunista Arnoldo Martínez Verdugo formuló una iniciativa similar, como parte de una reforma política, y generó una respuesta iracunda del PRI.

En la sesión del jueves pasado, varios priístas, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, suscribieron su iniciativa, además de senadores de PAN y PRD.

Es un proyecto que hemos sostenido durante décadas. El planteamiento de los años 70 fue libertad política para todos, incluyendo a los sacerdotes. Y el Estado laico no consiste en prohibir la libertad de expresión; al contrario, es garantía de la libertad de expresión.

Expuso que la prohibición establecida en el inciso e de que los ministros de cultos religiosos no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna no corresponde al Estado laico, e incluso ¡es contraria al Estado laico!

En ese sentido, “ahora que estamos reivindicando el Estado laico, porque ha sido muy golpeado en varias entidades –donde se están utilizando mandamientos eclesiales para prohibir la libertad de las mujeres– es momento de decir que las prohibiciones hacia la libertad de expresión son contrarias al Estado laico”.

Expuso que tal prohibición se ha justificado con la falsa idea de que los sacerdotes van a inducir el voto, pero lo inducen más los operadores de los programas sociales para el combate de la pobreza.

Ahora, si los sacerdotes quieren participar en la lucha electoral, que participen, que se la jueguen, pero que ejerzan sus libertades como cualquier ciudadano. Si quieren llamar a votar por el partido de su preferencia. que lo hagan y que asuman las consecuencias.

–¿No veremos que desde el púlpito pidan a sus feligreses que no voten por partidos que apoyan el aborto o las bodas entre personas del mismo sexo?

–Eso ya lo dijeron, siempre lo han dicho y no pasa nada.

Sostuvo que los ciudadanos toman más en cuenta las amenazas de quienes reparten el subsidio vía Procampo y Oportunidades. Esos si coaccionan el voto y no les han quitado la libertad de expresión.

–¿No hay riesgo de que si la reforma se aprueba la utilice el clero en contra de los principios que usted siempre ha defendido?

–Si PAN y PRI utilizan la libertad de expresión contra la izquierda, ¿les vamos a quitar sus derechos? No, no se le puede quitar el derecho al adversario, eso no es congruente.

Beneplácito de iglesias

La Iglesia católica y las cristianas evangélicas recibieron con beneplácito la iniciativa del senador perredista Pablo Gómez, pues consideraron que con ello se caminaría hacia la libertad religiosa plena en el país.

Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, precisó que esto es positivo en una sociedad que va madurando hacia la democracia y acotó que la Iglesia católica se congratula de que se den pasos hacia erradicar la tendencia de considerar a los ministros como ciudadanos de segunda en cuanto al ejercicio pleno de sus derechos civiles.

Aparte Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas señaló que ya es tiempo de que en México se abunde en la plena libertad religiosa para que los ministros de culto e iglesias, como en todo país civilizado, moderno y democrático, disfruten de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.