Morelia, Mich., 26 de febrero. Integrantes de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales del Pueblo Nahua de Santa María Ostula denunciaron que desconocidos levantaron al regidor del municipio de Aquila, Javier Robles Martínez, y al profesor Gerardo Vera Orcino, quienes se han distinguido por su lucha social, como la recuperación de tierras del paraje Xayakalan.

Estos luchadores sociales fueron raptados el martes 23 de febrero por presuntos paramilitares y lo único que se ha localizado es la camioneta incendiada en la que viajaban. Tememos por su vida e integridad física, dijeron.

Ambos comuneros participaban activamente en la lucha de la comunidad por la defensa de sus territorios y autonomía.

Aseguraron que desde el 18 de agosto ocho comuneros de Ostula y El Coire han sido asesinados sin que nadie realice las pesquisas y finque responsabilidades, “mientras los medios locales ocultan la existencia de poderosos cárteles mafiosos en la zona y señalan falsamente que nuestra lucha comunal es la causa de estos asesinatos y de otros desmanes con el fin de facilitar la persecución y represión hacia nuestro movimiento”.

Por ello, dijeron, exigen la presencia del gobernador Leonel Godoy Rangel, y del procurador de Justicia del estado, Jesús Montejano, en este municipio que se ubica a menos de 30 kilómetros de Colima, para que aclaren los crímenes en la región y contra nuestra comunidad y resuelvan nuestras exigencias.

Exigen la presentación con vida de los comuneros Martínez Robles y Vera Orcino; el esclarecimiento del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; también la investigación de los asesinatos hasta hoy impunes de ocho comuneros pertenecientes a las comunidades nahuas de la costa.

Pidieron respeto a la posesión sobre las tierras que recuperaron el 29 de junio en La Placita, mejor conocido como Xayakalan; la creación de mecanismos que garanticen en forma definitiva la tenencia de dichas tierras y el reconocimiento de ese nuevo asentamiento humano.

Demandan un plan de seguridad que inhiba nuevos ataques de sicarios o paramilitares contratados o protegidos por supuestos pequeños propietarios de La Placita y el otorgamiento de garantías de los gobiernos federal y del estado para el funcionamiento de las policías comunitarias en todo el territorio nahua de la costa michoacana.