En noviembre de 2009 los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), presidido por Raúl Armida, se autorizaron un aguinaldo extra de alrededor de 350 mil pesos en dos partes, una en diciembre y otra en enero, mientras que por ley recibieron, además, por este mismo concepto cerca de 35 mil pesos.

Lo anterior se desprende del acta de la sesión realizada por los magistrados de la sala superior en la que acordaron otorgarse un aguinaldo dividido en dos pagos, el primero por 198 mil pesos, y el segundo, por 148 mil; es decir, lo equivalente a 40 y 30 días de salario, respectivamente.

Asimismo se dieron un premio de antigüedad por 15 mil pesos.

Por enésima ocasión solicitaron al Gobierno del Distrito Federal una partida especial de alrededor de 20 millones para la creación de un fondo de pensiones, el cual les permitiría retirarse con el 100 por ciento de su salario, en vez de como lo marca la ley del ISSSTE para la pensión vitalicia, cuyo monto no rebasaría los 15 mil pesos al mes.

En su edición del viernes La Jornada dio a conocer que en 2010, los 22 magistrados del TCADF ganarán casi 157 mil pesos mensuales, incluyendo los 7 mil 500 que se les otorgan en vales de despensa. Mientras que el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubon, percibe 85 mil pesos.

Monto que hace que los magistrados ganen aproximadamente 17 mil pesos más que sus homólogos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, violando su propia ley.

Durante la sesión extraordinaria que tuvieron los magistrados de la sala superior el 8 de enero de 2010 también se incrementó el salario del director general administrativo, Raúl Muñoz Fraga, de 60 mil a 90 mil pesos, y quien ocupó el mismo cargo en el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) durante la presidencia de Miguel Covián.

A principios de febrero trabajadores del TCADF pararon actividades en demanda de que se respetaran sus condiciones generales de trabajo.

En diciembre de 2006, el entonces diputado local Tomás Pliego reveló que el TCADF había creado de manera ilegal un fondo de pensiones el cual beneficiaría directamente a los siete magistrados de la sala superior y a otros 10 de salas ordinarias y auxiliares, cuyos salarios netos iban de los 87 mil a 104 mil pesos mensuales.

Fondo que reconoció el entonces magistrado presidente Jaime Araiza Velázquez, quien precisó que éste se creó con un monto inicial de 16 millones de pesos, los cuales se obtuvieron de la retención de impuestos a la base trabajadora.

Meses después el TCADF regresó este dinero al Gobierno del Distrito Federal.

Abuso de los magistrados

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, Erasto Ensástiga, consideró que el acuerdo del pasado 8 de enero es un abuso de los magistrados del TCADF.

En entrevista el legislador perredista señaló que la autonomía del TCADF le permite hacer esas acciones. Su autonomía es abierta, es total, por eso si esto está sucediendo es un abuso, vamos a trabajar con ellos a que de mutuo acuerdo se comprometan y presenten un programa de austeridad porque a todas luces es reprobable lo que están haciendo, apuntó.

Recordó que en diciembre de 2009, el legislativo aprobó la ley de presupuesto y gasto eficiente del DF, donde se incluyó un artículo transitorio que dice: Los órganos de gobierno y autónomos deberán elaborar y determinar lineamientos tendientes a optimizar sus presupuestos y el gasto eficiente, y presentarlo ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el primer trimestre del año, para ser incorporado en la presente ley.