Mediante un procedimiento de declaración de abandono, el gobierno federal logró quitar a grupos del crimen organizado 57 millones de dólares y 7 millones de pesos durante 2009, pero está pendiente si se devuelven mil millones de pesos que están en custodia de la Tesorería de la Federación, informó Sandro García Rojas, director de normatividad y consultoría jurídica del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Al participar en una mesa redonda organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en torno al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), el funcionario señaló que en 2009 se recibieron de la Procuraduría General de la República (PGR) 29 millones de pesos y 60 millones de dólares, y de ese dinero se devolvieron a los interesados 22 millones de pesos y 3 millones de dólares; el resto, es decir, 57 millones de dólares y 7 millones de pesos, pasó a las arcas del Estado.

Agregó que en un año el SAE recibió en custodia 109 millones de objetos. La mayoría habían sido asegurados en las aduanas o relacionados con piratería. De ellos, la PGR depositó cien mil artículos.

Añadió que los objetos que llegan a ser vendidos por el SAE son vehículos y bienes que no son perecederos ni joyas ni inmuebles.

Refirió que en 2009 el SAE recibió mil 415 joyas, 55 aeronaves –principalmente avionetas Cessna–, 114 embarcaciones, 9 mil 750 vehículos, 389 animales silvestres y 387 inmuebles.

Pablo Gómez del Campo, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, explicó que en un año llegan a realizarse 70 mil procedimientos de investigación a petición de distintas autoridades.

Apuntó que al existir 40 bancos en el país, el trabajo para señalar si existen la presunción de un delito se incrementa, pero no pudo precisar cuántos casos de esas solicitudes llegan a averiguación previa.

Ramón García Gibson, director general de una empresa de consultoría en materia de lavado de dinero, reveló que la bancada perredista en el Senado promueve una iniciativa de reformas –que obligarían no sólo a los bancos, sino a notarios, empresas dedicadas a los bienes raíces, arquitectos y constructoras, entre otros rubros comerciales– tendiente a que se perfeccione la persecución de quienes realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita.