Exigen que en el combate a la delincuencia se evite la violación de los derechos humanos
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 8
Al presentar su informe de labores al pleno de la Cámara de Diputados, la comisión especial de legisladores que sigue el proceso de detención y arraigo de alcaldes y funcionarios michoacanos exigió a las autoridades federales no ejercer el combate a la delincuencia a costa de la violación a los derechos humanos.
Los legisladores de todos los partidos exhortaron a la administración del presidente Felipe Calderón a acatar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de reparar el daño ocasionado a los detenidos y desahogar sin dilación un proceso legal contra los funcionarios involucrados en las aprehensiones arbitrarias.
“El grupo plural no se opone a la lucha legítima contra la delincuencia organizada. Nos oponemos, sí, a la violación de derechos humanos y al uso ilegítimo de la fuerza. El grupo plural no encuentra justificación para que, a la sombra de ese combate, se afecte la esfera jurídica de los mexicanos restringiendo o, incluso, limitando el disfrute y libre ejercicio de las garantías individuales.
No podemos permitir que las instituciones hechas para la seguridad, protección, administración y aplicación de la justicia violenten el marco constitucional y legal vigente, así como los instrumentos regionales e internacionales que México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos.
Rubén Moreira Valdés, presidente del grupo de diputados, refirió los resultados del trabajo que han desempeñado en el seguimiento del caso michoacano.
Es imprescindible vigilar que la recomendación 072/2009, emitida por la CNDH el 30 de octubre de 2009, se cumpla en todos y cada uno de sus apartados. Respetuosamente exhortamos a las autoridades de administración e impartición de justicia que conocen del asunto a que en el marco de la legislación vigente se desahogue el proceso sin dilación y en los términos y plazos constitucionales.
El legislador coahuilense agregó que es necesario efectuar una minuciosa revisión de las figuras jurídicas del arraigo y testigo protegido para conocer sus alcances y beneficios, al igual que los peligros que representan para el respeto de los derechos humanos.
Actualmente las autoridades que recurren a estas figuras jurídicas carecen de contrapesos en su actuar y no están sujetas a la rendición de cuentas; además, no se determina en nuestra ley cuáles son las consecuencias para las autoridades y los testigos protegidos que ofrecen un testimonio falso ni, en su caso, cómo operaría la reparación del daño a sus víctimas. Reiteramos enfáticamente nuestro compromiso con el estado de derecho, la paz, la seguridad y la tranquilidad que todos los mexicanos merecemos.
La conclusión del grupo plural obedeció a que entre el 26 de mayo y el 29 de junio de 2009 ocurrieron en Michoacán detenciones, arraigos y confinamiento de presidentes municipales y funcionarios del gobierno estatal. Un total de 35 servidores presuntamente vinculados con organizaciones delictivas fueron puestos a disposición de la justicia por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Esos operativos, realizados por los elementos de la entonces Policía Federal Preventiva y el Ejército, se concretaron para dar cumplimiento a diversas órdenes de localización y la actuación del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SIEDO.
El supuesto golpe al narcotráfico que realizaron las fuerzas federales se convirtió en la causa de especialistas, políticos, defensores de derechos humanos. Calificaron los hechos como violatorios de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y solicitaron la intervención de la CNDH.
