El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) afirmó que existen elementos suficientes para liberar a las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, acusadas de secuestrar a seis integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), en marzo de 2006, en la comunidad de Santiago Mexquitatlán, Amealco, Querétaro.

Tras externar su preocupación por el fallo de un juez de sentenciarlas a 21 años de cárcel, el instituto confió en que con la apelación se pueda corregir el veredicto y el Poder Judicial incorpore a este caso las normas internacionales de derechos humanos y perspectiva de género.

González Cornelio y Alcántara Juan se encuentran desde agosto de 2006 en el Centro de Readaptación de San José El Alto, luego de que los agentes las acusaron, al igual que a Jacinta Francisco –ya liberada–, de tomarlos como rehenes durante un operativo contra la piratería.

Inmujeres destacó en un comunicado que ha dado puntual seguimiento al caso de las indígenas otomíes. A partir del análisis jurídico de los documentos a los que tuvo acceso y desde la perspectiva de los derechos humanos, consideró que hay elementos suficientes para que sean liberadas.

Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan –como sucedió en el caso de Jacinta Francisco– encontraron serias dificultades para acceder a un juicio justo conforme los parámetros del debido proceso legal, de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres.

Asimismo señaló que por su condición de ser mujeres, indígenas y tener precarias condiciones económicas, las circunstancias bajo las cuales están presas se traducen en actos discriminatorios.