El Senado exhortó ayer al Ejecutivo federal, a los gobiernos de las entidades y al del Distrito Federal a que realicen una revisión exhaustiva del estado jurídico de los indígenas presos en las cárceles del país y se valore la posibilidad de su liberación inmediata ante indicios de duda razonable que haga presumir su inocencia o bien la posibilidad de otorgarles el beneficio de una preliberación.

La Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, que preside el panista Andrés Galván, informó que hay más de 8 mil indígenas presos; 7 mil no contaron con un traductor para conocer su situación o al menos el delito del que se les acusa, y más de mil no tuvieron defensor de oficio.

Se trata, sostuvo el dictamen de la comisión legislativa, de una realidad que miles de indígenas viven a diario. Son innumerables los abusos ante el desamparo de los derechos del sector indígena en el país; se tiene referencia de que más de 80 por ciento de los procesados y sentenciados de ambos fueros no han contado con traductor y sólo 77 por ciento han tenido defensor de oficio, además de que sólo una tercera parte recurren al amparo.

La propuesta la presentó el legislador Salomón Jara, del Partido de la Revolución Democrática, motivado por los cientos de indígenas de Oaxaca que nunca conocieron las razones de su encarcelación, y refirió que el acceso a la justicia para los indígenas es una cuenta pendiente del gobierno mexicano.

La comisión dictaminadora del punto de acuerdo aseveró que la realidad es que son miles de indígenas que viven a diario injusticias y abusos.

Los senadores de la comisión indicaron en el dictamen que la situación por la que atraviesan muchos indígenas que han sido violentados en sus derechos procesales los coloca en un estado de alta vulnerabilidad, toda vez que sus usos y costumbres y la propia lengua los dejan aun más indefensos.

El caso de las indígenas presas –precisó la comisión– se vuelve más severo, ya que mientras 70 por ciento de los indígenas reciben visitas y atención de sus familias, el sector femenino no alcanza ni 40 por ciento, lo que provoca que muchas veces se alarguen sus procesos o simplemente nunca salgan de la cárcel y no sepan por qué están ahí. Todos los grupos parlamentarios aprobaron el punto de acuerdo.