El jefe delegacional de Azcapotzalco, Enrique Vargas, entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles, en la que propone ampliar las facultades de las autoridades para intervenir cuando se detecten predios o inmuebles utilizados para realizar fiestas clandestinas.

En entrevista, el servidor público precisó que en el caso de la demarcación a su cargo se tienen identificados por lo menos 10 domicilios, ubicados en los alrededores de planteles escolares de la UAM, el CCH y Cetis, que operan sin medidas de seguridad y expenden bebidas alcohólicas sin restricción alguna.

Incluso, señaló que muchas de estas actividades son promovidas por grupos porriles que buscan enganchar nuevos adeptos a sus filas, pero la autoridad se ve impedida de actuar, porque se trata de particulares.

Ante ello, planteó modificar el artículo 2 fracción 36 y la adición del artículo 88 bis de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, con el objetivo de tener herramientas legales para enfrentar ese tipo de actos ilícitos.

Hay mucha hipocresía en cuestión de establecimientos mercantiles

La propuesta consiste en que cuando se detecten esas actividades en algún domicilio se ordene la visita de verificación correspondiente con el objeto de que, de ser procedente, se clausure en forma parcial el predio o inmueble de referencia y se coloquen sellos de clausura, con excepción de los accesos destinados a casa habitación.

Al comparecer ante la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa, expresó que en materia de establecimientos mercantiles hay mucha hipocresía, por lo que pidió a los legisladores fomentar una visión cosmopolita para la vida nocturna en la ciudad, en vez de recluir a los ciudadanos en sus casas.

No estoy convencido de que restringir los horarios sea la solución. Creo que ésta debe radicar en la responsabilidad que tienen que asumir todas las partes, tanto los propietarios de los establecimientos mercantiles como las autoridades, apuntó.

Consideró que, en vez de una vigilancia permanente a cada antro, lo mejor es fijar sanciones suficientes para evitar que los propietarios de los negocios se atrevan a violar las leyes, tras señalar que en Azcapotzalco se tienen 11 verificadores y requieren 20 para abatir el rezago que existe en la materia.