La reforma en materia de seguridad nacional que envió el presidente Felipe Calderón al Congreso y que tanto el mandatario como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han señalado como de aprobación necesaria por el Poder Legislativo para mejorar el combate al crimen organizado, permitirán la creación de programas similares al DN-III para desastres naturales, pero en el ámbito de seguridad pública. La milicia podrá realizar intervenciones telefónicas y participación en el combate a delitos del fuero común, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

La propuesta presentada en abril de 2009 al Senado de la República se encuentra en análisis, pero el gobierno federal ya prepara los esquemas de operación de las fuerzas armadas en el combate a delitos como secuestro, extorsión y tráfico de estupefacientes al menudeo, de acuerdo con las fuentes consultadas.

La iniciativa presidencial señala en su artículo 76 que en los casos en que la fuerza armada permanente participe podrá obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar información sobre hechos relacionados con la afectación; asimismo, requerir información, entre otras, a las autoridades participantes, quienes estarán obligadas a proporcionarla. También podrá participar en los grupos de trabajo que se integren conforme a la declaratoria de riesgo a la seguridad interna, que deberá realizar el consejo de seguridad nacional, en el que participa Jorge Tello Peón como secretario técnico.

El Ministerio Público Federal, es decir, la Procuraduría General de la República, será el conducto para que el Poder Judicial atienda en forma inmediata, en un plazo que no exceda de 8 horas, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación formuladas por la autoridad competente, con motivo de las operaciones para la atención de una afectación a la seguridad interna.

La iniciativa refiere en la propuesta de artículo 79 que las instituciones de seguridad pública y la fuerza armada permanente, dentro de la temporalidad y ubicación geográfica señaladas (las entidades, municipios o zonas mencionadas) en la declaratoria, podrán verificar la no circulación de mercancías o efectos ilícitos, y de personas requeridas por la autoridad, así como el cumplimiento de las leyes de orden público.

Esto es, indicaron las fuentes consultadas, se permitirá que militares o marinos puedan levantar retenes de verificación o puestos de control de tránsito y revisión, así como el cumplimiento de las órdenes de captura del fuero común o federal que existan.

Las autoridades locales, en el ámbito de su competencia y previa coordinación con la instancia responsable, podrán asignar personal para coadyuvar en el desarrollo de dichas acciones, ya que todo el operativo recaerá en los mandos federales.

Asimismo, las secretarías de Marina y Defensa tendrán acceso a las averiguaciones previas que se instauren con motivo de la seguridad interior, y a la información relacionada con la misma, que sirva para la producción de inteligencia.