Buenos Aires, 21 de febrero. Argentina solicitará el apoyo del Grupo de Río en Cancún, tras su decisión de fijar límites de soberanía ante la ofensiva de Gran Bretaña, decidida unilateralmente, para la exploración y explotación de petróleo en la plataforma marítima argentina, que circunda las islas Malvinas y que el gobierno de la nación europea considera territorio propio.

Las primeras exploraciones petroleras a cargo de la plataforma Ocean Guardian, con respaldo del gobierno inglés, comienzan este lunes en las Malvinas, que se encuentran a ocho mil millas de distancia del Reino Unido, que las ocupa colonialmente desde 1833.

Esa decisión unilateral británica enfrenta –incluso con amenazas del uso de la flota como piden conservadores británicos– la posición argentina y mayoritaria a nivel internacional, que busca una salida negociada a la situación colonial que persiste en las Malvinas.

La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que asiste a la Cumbre del Grupo de Río este lunes en México, informó el pasado martes aquí que plantearía el caso en la reunión de ese mecanismo, y analizó el hecho de que una potencia que ocupa un territorio nacional venga hoy a querer explotar recursos naturales no renovables como el petróleo, y que Latinoamérica y el resto del mundo lo permitan, puede sentar peligrosos precedentes en torno a recursos tales como el agua, el petróleo y tantos otros que van a ser demandados por las grandes potencias.

En marzo próximo entrará en vigor el decreto presidencial 256, el cual dispone que todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur deberá solicitar autorización previa aquí, lo que provocó una caída de las acciones de las empresas operadoras inglesas Desire Petroleum y Rockhopper.

Esta medida fortalece las disposiciones tomadas por el gobierno en 2007, que canceló el Convenio de Exploración y Explotación Conjunta de Hidrocarburos suscrito con el Reino Unido por la administración del ex presidente Carlos Menem en 1995, en su llamada política de seducción, junto a otra resolución igualmente ominosa considerada aquí como entreguista y parte del desmantelamiento nacional que sucedió entre 1989 y 1999.

Ahí no se habló de soberanía, sino de convivencia para hacer negocios. Algo que el Reino Unido ya había comenzado a impulsar unilateralmente desde 1987, al ampliar en forma progresiva lo que consideraba su soberanía marítima, equivalente a más o menos un décimo de todo el territorio argentino, señala el analista e historiador Fernando del Corro.

También hay referencias a lo sucedido en 1982, cuando los militares de la pasada dictadura (1976-1983) dispusieron sorpresivamente la recuperación armada de las islas, que terminó con el envío de la poderosa flota británica ayudada logísticamente por Estados Unidos y el dictador Augusto Pinochet, de Chile, lo que produjo la derrota argentina y la consolidación británica desde entonces con una virtual base militar en el lugar.

Durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, que sucedió a la cruenta dictadura, se impuso la fórmula del paraguas de soberanía que postergaba el reclamo soberano, aunque no afectaba la larga discusión sobre la explotación de recursos en el lugar, lo que impone a Gran Bretaña respetar esas negociaciones.

La decisión del gobierno actual de controlar los viajes de y hacia las Malvinas constituye un golpe de importancia en el camino a restablecer los derechos sobre una vasta zona del Atlántico Sur que excede, incluso, el territorio propio de ese archipiélago irredento al que el Reino Unido pretende incluir en la constitución de la Unión Europea, con el aval cómplice de otros gobiernos como área extracontinental de esa comunidad de naciones, señala Del Corro.

También recuerda que hace un año el reclamo de la presidenta argentina y el canciller Jorge Taiana en Londres por la usurpación de las islas Malvinas “representó un nuevo giro en la política argentina frente a la herencia menemista de las ‘relaciones carnales’ y la desarticulación del Estado”.

Considera que la nueva decisión apunta a fuentes claves de los negocios malvineros, en especial a la pretendida explotación hidrocarburífera, detrás de la cual se encuentra la banca Barclays como accionista de la firma Desire Petroleum.

Ante la dura posición británica de no retroceder en sus acciones, Argentina está decidida a impedir diplomáticamente todo tipo de iniciativas británicas en territorio nacional, y a denunciar la violación sistemática del Reino Unido de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas.

Organizaciones sociales recordaron hoy a la comunidad internacional que en realidad los habitantes ingleses de las Malvinas (kelpers) fueron traídos por los británicos para consumar la apropiación de las islas, después de expulsar a los gauchos que vivían en el lugar y que encabezados por Antonio Rivero, resistieron por cuenta propia y heroicamente la ocupación británica del 4 de enero de 1833 y fueron a parar a prisiones en Londres. Una historia que nadie menciona.