El 23 de abril de 2009 se presentó ante el pleno del Senado un paquete con cuatro iniciativas de ley, entre ellas la que propone dar sustento legal a la participación del Ejército en el combate al narcotráfico para que en algunos casos asuma el control total de los operativos.

La iniciativa prevé declarar medidas especiales de emergencia en los municipios, estados o regiones donde se ponga en riesgo la seguridad interior por alteraciones del orden y la paz pública incapacidad de la autoridad civil e incluso en caso de sublevaciones.

Plantea la participación de las fuerzas armadas cuando existan agresiones directas a las instancias o contra los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Señala que en todos los casos en que se afecte la seguridad interior, el Ejército y la Armada deberán participar, de manera temporal y por un periodo determinado previamente, como responsables o en colaboración con otras autoridades.

Dispone que las fuerzas armadas queden a cargo de los operativos cuando su participación se considere estratégica y necesaria para solucionar la afectación de la seguridad nacional de la que se ocupa la declaratoria.

Dice que en todos los casos, el Ejército tendrá acceso a la información asentada en las averiguaciones previas y a la de inteligencia, y las instituciones de seguridad pública estarán obligadas a proporcionarle todos los datos con que cuenten.

Las otras iniciativas tienen que ver con modificaciones al Código de Justicia Militar para castigar hasta con 60 años de cárcel a los soldados que se incorporen a la delincuencia organizada; reformas al Código Penal Federal, y una que propone aumentar las sanciones por el uso de armas reservadas para las fuerzas armadas.