Senadores del PRD, PRI y PT dijeron que al Ejército no le corresponden las tareas de combate al narcotráfico. En lugar de incrementar la presencia de militares en las calles, el Ejecutivo debería ocuparse de fortalecer a las policías, y en un plazo determinado, regresar la milicia a los cuarteles. A su vez, diputados del PAN llamaron a la madurez parlamentaria para atender el llamado del presidente Felipe Calderón al Congreso para que agilice el trámite legislativo en materia de seguridad pública y del actuar de las fuerzas armadas.

El senador Pedro Joaquín Coldwell (PRI) advirtió que ya está comprobado que el combate meramente regional, como el del calderonismo, no debilita a los cárteles, mientras que el legislador perredista Graco Ramírez Garrido planteó que la mal llamada guerra contra el crimen organizado pone en riesgo el prestigio del Ejército, como ocurrió en 1968, cuando fue lanzado contra los estudiantes.

Ahora lo que se requiere es diseñar una estrategia que incluya acciones sobre extinción de dominio, lavado de dinero, así como abatir el tráfico de armas por la frontera, porque no es lo mismo un delincuente sin dinero. El Congreso va a hacer su trabajo, lo cual también involucra una discusión abierta con el Ejército.

Ambos legisladores reconocieron la necesidad de discutir la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, pero no se aprobará en sus términos el proyecto que envió el presidente Felipe Calderón porque restringe las garantías individuales, expresó Joaquín Coldwell.

Alejandro González Yáñez (PT) externó que se requiere replantear la estrategia y, en lugar de concentrarse en las labores de inteligencia policial y militar, se tendría que trabajar en la reconstrucción del tejido social, dar a los jóvenes alternativas mediante políticas sociales, económicas y políticas. Es decir, señaló, el país debe superar el modelo neoliberal.

En tanto, el diputado Alberto Pérez Cuevas (PAN) llamó a las fuerzas políticas en el Congreso a actuar con madurez y responsabilidad para enfrentar con herramientas jurídicas las actividades criminales:

Se trata de que, más allá de los intereses político-electorales de los partidos, éstos se sumen al esfuerzo que implica el combate al flagelo del crimen organizado. Éste es un trabajo delicado, pero hemos encontrado visos de discusión entre las fuerzas representadas en el Congreso.

Ni creativo ni autocrítico

Al contrario, Armando Ríos Peter (PRD) consideró que el llamado presidencial es de poca ayuda en el combate a la delincuencia. Se ha comprobado que el Ejército en las calles no es la vía para resolver la enorme problemática social que vivimos ligada a los narcotraficantes. Éstos se deben combatir desde sus redes de financiamiento, con una óptima capacitación de policías y, sobre todo, salvaguardar al Ejército para que haga lo que estrictamente le compete. Lo que hace el Ejecutivo federal no es creativo ni es autocrítico de una política que no avanza y no contribuye en nada para terminar con este flagelo.

Mauricio Toledo restó viabilidad a la solicitud de Felipe Calderón porque “las cosas no se aprueban en automático; tenemos que hacer una revisión colectiva, porque no vamos a caer en provocaciones para aprobar de fast-track la mala política del Ejecutivo en materia de [combate a la] delincuencia”.

Adriana Fuentes (PAN) convocó a las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo que dé por resultado una estrategia viable en materia de combate a la delincuencia organizada.

Como legisladores tenemos el compromiso y debemos trabajar conforme a las necesidades y demandas actuales en la reforma de un marco jurídico que garantice el fiel y exacto cumplimiento de los deberes. No se puede ignorar y pasar por alto el desafío que enfrenta nuestro país por quienes amenazan la libertad y la seguridad interior de la nación.