Ciudad Juárez, Chih., 16 de febrero. Empresarios de esta frontera emplazaron a las autoridades federales y estatales a que en cien días disminuyan los índices de delincuencia, principalmente secuestros, extorsiones, asesinatos y asaltos, durante la segunda jornada de las mesas de trabajo intergubernamental para atender la crisis de seguridad.

Este martes se instaló la mesa de economía, con la participación del secretario del ramo, Gerardo Ruiz Mateos, así como el del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.

Funcionarios de los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil trabajaron para elaborar propuestas en materia económica que permitan mejorar las condiciones de vida de los juarenses.

Las mesas de trabajo forman parte del programa Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad, anunciado la semana pasada por el presidente Felipe Calderón.

Se espera que este miércoles el jefe del Ejecutivo federal asista a Ciudad Juárez para dar a conocer las conclusiones de los encuentros y los acuerdos alcanzados.

En la mesa de economía también participaron el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar, y representantes de la iniciativa privada, funcionarios municipales, académicos e investigadores.

La Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez y otros empresarios emplazaron a las autoridades a que en un plazo de cien días disminuyan los secuestros y las extorsiones.

Soledad Maynez, presidenta del organismo, expuso que inversiones por cerca de mil millones de dólares, que generarían entre 70 mil y 80 mil empleos, ya no se realizaron en esta ciudad debido al clima de inseguridad.

Luego de reunirse con el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y otros funcionarios, refirió que en 2009 cerraron tres empresas, que dejaron sin empleo a 800 personas, y otras se contrajeron o dejaron de crecer debido a la percepción que los corporativos tienen de la ciudad.

Algunas de las medidas que se podrían adoptar como parte de los acuerdos para reforzar el plan de reconstrucción del tejido social son la suspensión de permisos para apertura de negocios de venta de licor y cerveza; la revisión de centros nocturnos, restaurantes y bares para que se respete la reglamentación, y el cierre de negocios que la violen.

Las organizaciones civiles que participan en la mesa de seguridad presentaron sus conclusiones. Aseguraron que falló el operativo policiaco-militar con el que el gobierno federal pretendió combatir el crimen organizado, ya que desde su aplicación suman 7 mil niños huérfanos, debido a que el número de homicidios dolosos pasó de 300 anuales a más de mil 600, en 2008, y superó los 2 mil 650 en 2009.

Aclararon que no plantean la salida del Ejército de Juárez, sino la necesidad de un pacto político entre los diferentes niveles de gobierno y las fuerzas políticas que permita una acción efectiva, sin importar qué intereses se afecten.

Exigieron que cualquier nuevo esquema incluya la creación de una policía de investigación y la presencia de suficientes agentes del Ministerio Público Federal, así como trabajo de inteligencia para localizar a las cabezas de la delincuencia.

Por otra parte, a pesar de que rechazó el traslado temporal de poderes a Ciudad Juárez, propuesto por Reyes Baeza, la fracción parlamentaria del PAN (12 diputados) despacha desde ayer en esta localidad. Lo mismo que los jueces y magistrados del estado de Chihuahua.

El coordinador de la bancada, Fernando Álvarez Monje, dijo que el panismo no está en contra de apoyar a Ciudad Juárez, sino de la propuesta que siempre tuvo sesgo electorero con miras al próximo 4 de julio, cuando se celebrarán elecciones para renovar la gubernatura, el Congreso y 67 ayuntamientos.