A ritmo más lento de lo previsto, la Secretaría de Gobernación ha iniciado contactos con los partidos para explicarles los alcances de un presunto convenio con el Instituto Federal Electoral (IFE) para la emisión de una sola mica que sirva de cédula de identidad y credencial de elector.

Gobernación pretende lograr consenso acerca de los detalles de un programa que unificaría en una sola identificación oficial las necesidades de ambas partes.

La presentación del documento de trabajo sobre los avances de las conversaciones entre el IFE y Gobernación recibió el rechazo de los representantes partidistas ante el organismo electoral en reunión celebrada el lunes.

Los partidos externaron suspicacias acerca del sesgo policiaco del proyecto que avalaría el IFE: el riesgo de potencial manipulación gubernamental de la base de datos.

Con excepción del PAN, los partidos cuestionaron algunas partes del convenio. La representación del PRI calificó de descabellada la pretensión gubernamental –con el respaldo del IFE– de poner como condición para obtener la credencial de elector tener la clave única de registro poblacional (Curp) biométrica.

Casi hubo unanimidad en que el tema sólo se resolverá vía reformas legales.

Incluso se criticó la pretensión de cambiar el nombre de la credencial de elector por el de cédula de identidad ciudadana y credencial para votar, pues, si esta propuesta se concreta sólo en un convenio del IFE y Gobernacion, sería ilegal.

El PRD planteó que modificar la credencial sin una reforma a la legislación supondría la posibilidad de impugnar el convenio mediante una controversia constitucional.

Casi todos los partidos de oposición cuestionaron el impacto que tendría un convenio de esa naturaleza en la autonomía e independencia del IFE y exigieron que se convoque a un diálogo con el Congreso.

La condición de tener la Curp biométrica –e inscribirse en la base de datos de Gobernación– implicaría el sometimiento del IFE al Ejecutivo, se cuestionó.

En los hechos, los datos importantes serán entregados a Gobernación y este esquema le otorgaría la posibilidad de determinar a quién entregar la nueva credencial, con el riesgo de manipulación política, advirtió el PRI en esa reunión.

El PRD sostuvo que la entrega de datos a Gobernación, bajo los parámetros propuestos, implica que la dependencia tendría el dominio potencial de la base de datos del padrón electoral, sin que hubiera una entrega formal de la base del Registro Federal de Electores, que ya no sería, en rigor, necesario para transferir esta información.

Para el PRD esto implicaría importantes riesgos ante la falta de protección de los datos de los ciudadanos que existe actualmente, si no se realizan reformas legales que eviten el mal uso y garanticen la confidencialidad. Lo preocupante, advirtió el representante perredista, es que el IFE sea aval de un proyecto gubernamental de corte policiaco.

EL PVEM planteó dudas sobre los plazos fijados por el IFE, toda vez que no se han podido alcanzar las metas con la sustitución de credenciales denominadas 03.

Para ese partido, difícilmente se podrá alcanzar la meta de emitir 82 millones de nuevas credenciales para diciembre de 2012.

El PT planteó dudas acerca de los recursos que sostendrían las metas fijadas por el IFE, ya que el costo básico de la emisión de la nueva mica implicaría un gasto de 800 millones de pesos.

Ésa fue la primera reunión en la que los partidos expresaron sus diferencias respecto de las pretensiones del IFE y de Gobernación de lograr una solución a la polémica sobre la cédula de identidad y la credencial de elector, mediante la vía de un convenio.

Se hizo enfásis en la necesidad de involucrar al Congreso para lograr una solución integral al problema.