Bogotá, 16 de febrero. Los asesinatos confesados por paramilitares colombianos en el contexto de un plan para obtener beneficios judiciales ascienden ya a más de 30 mil, según la fiscalía, cifra que es muy superior según denuncias de las víctimas a organismo independientes y que coloca a estos grupos a la altura de las dictaduras latinoamericanas más crueles.

Según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, unos 4 mil 112 ex miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aseguraron haber perpetrado 30 mil 470 asesinatos en 20 años, entre mediados de los 80 y su desmovilización a partir de 2003.

Esto coloca a los grupos paramilitares de Colombia a la altura de dictaduras como la de Argentina (1976-1983), que dejó 30 mil muertos y desaparecidos, y muy por encima de la de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), que provocó unas 3 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.

Las autoridades verifican la información y hasta el momento han validado denuncias sobre 11 mil 797 homicidios, explicó a Afp una fuente del organismo.

Una ley promovida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que se sometieron a la justicia, confesaron sus crímenes y acepten reparar a sus víctimas.

La fiscalía recibió declaraciones de los ex combatientes que dan cuenta de mil 85 matanzas, mil 437 reclutamientos de menores, 2 mil 520 desapariciones forzadas, 2 mil 326 desplazamientos forzados y mil 642 extorsiones, además de mil 33 secuestros.

El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra, según el analista Alvaro Villarraga.

Estas confesiones constatan la crisis humanitaria generalizada que aún vive nuestro país a causa del conflicto, enfatizó Villarraga, ex miembro de la desmovilizada guerrilla del Ejército Popular de Liberación, quien dirige la Fundación Cultura Democrática.

Hasta diciembre, la fiscalía verificó la existencia de 485 masacres –la muerte de cuatro o más personas en un mismo ataque–, mil 93 reclutamientos de menores, mil 412 desapariciones forzadas, 747 desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros.

La Ley de Justicia y Paz brinda beneficios jurídicos a los miembros de las AUC que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 a cambio de su desarme y confesión de los crímenes.

Unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en ese proceso, incluidos sus jefes máximos, aunque organismos humanitarios han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios se marginaron y actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.

En particular, Human Rights Watch denunció este febrero graves violaciones de derechos humanos por grupos herederos de los paramilitares en Colombia y consideró que hubo fraude en su desmovilización.

En mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó hacia Estados Unidos a 13 de los desmovilizados jefes de las AUC tras acusarlos de seguir actuando desde prisión, con delitos relacionados con el narcotráfico, y alegando que no estaban confesando sus crímenes.

Esas extradiciones han sido cuestionadas por grupos de derechos humanos y familiares de víctimas, pues los tratados no contemplan que esos jefes continúen rindiendo declaraciones sobre los delitos de lesa humanidad sino que se limitan a los de narcotráfico.

En este contexto, la fiscalía reportó que el ex comandante paramilitar Arnolfo Santamaría, Pipa, a quien se atribuye unos 2 mil 500 crímenes en el sur del país, entre estos la muerte del líder sindical ecuatoriano Hipólito Hurtado, fue capturado este martes en Bogotá.

Mientras, el ex fiscal Rodrigo Miranda acusó al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por la muerte de tres presuntos guerrilleros colombianos en la selvática provincia de Darién, limítrofe con Colombia, el 27 de enero.

El ex fiscal superior especial de Panamá en el gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), dijo que el incidente en áreas limítrofes se deriva de los acuerdos secretos entre Martinelli y Uribe.