Para no presentar una controversia constitucional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados negoció con la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y Petróleos Mexicanos (Pemex) que se retire de las disposiciones administrativas aprobadas por la paraestatal la posibilidad de contratos con trasnacionales que se beneficien de la renta petrolera.

La bancada priísta optó por concertar con la funcionaria una salida a la petición del Partido del Trabajo (PT) de interponer una controversia.

El coordinador de los priístas, Francisco Rojas Gutiérrez, explicó que en una llamada telefónica Kessel ofreció su palabra de que no prosperará ningún contrato que abra a la iniciativa privada actividades exclusivas del Estado en materia de explotación de hidrocarburos.

Me place informarles que la secretaria de Energía y presidenta del consejo de administración de Pemex me ha comunicado verbalmente su aceptación a los cambios solicitados y su respaldo institucional, afirmó Rojas.

Afirmó que el consejo de administración de Pemex deberá reunirse para modificar el perfil de la intervención de capitales privados en la explotación de petróleo.

El lunes, en la junta de coordinación política, Rojas solicitó un plazo de 24 horas para decidir si la bancada respaldaba la petición de controversia impulsada por el PT, a partir de un texto del diputado Jaime Cárdenas. El diputado priísta reconoció que, en tanto, él y funcionarios de la petrolera y de Energía avanzaban en un arreglo.

El coordinador del PT, Pedro Vázquez González, lamentó que el PRI optara por un acuerdo con el gobierno federal, y reprochó que la decisión, así como los detalles del pacto con Kessel, le fueran comunicados por la conferencia de prensa. Además, dijo, fue el coordinador del PVEM, Juan José Guerra Abud, quien se acercó para informarle sobre el arreglo con la administración calderonista.

Pedro Vázquez expuso que en principio el PRI respaldó la controversia, pero con el paso de los días algunos dudaban en apoyarla, ya que no obtienen beneficios económicos y políticos.

Aseguró que existen condiciones para interponer la controversia, pues con las disposiciones administrativas el consejo de administración de Petróleos Mexicanos está legislando e invade atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados en materia de regulación energética. Nosotros vamos por la controversia, porque si no se presenta se estaría entregando al capital extranjero la exploración, explotación, distribución, almacenamiento de hidrocarburos y la operación de Pemex, y con ello se entregaría también gran parte del patrimonio nacional.

Los acuerdos de la empresa publicados el 6 de enero en el Diario Oficial de la Federación, agregó, permiten conceder contratos en los que se favorecerá a trasnacionales al darles participación en toda la cadena de explotación de hidrocarburos.

El priísta Alfonso Navarrete Prida explicó que las disposiciones administrativas fueron aprobadas a partir del artículo 62 del reglamento de la Secretaría de Energía, que fue impugnado por la Cámara de Diputados en noviembre pasado, precisamente porque abría la puerta a la inversión privada en Pemex.

Y si está impugnado en la Suprema Corte de Justicia, las normas que de él emanen también tienen el viso de que ser sujetas de inconstitucionalidad en su interpretación, sostuvo.

Explicó que las 22 disposiciones se resumen en tres rubros: un término de modelo económico o casos de negocio definido, que no existen en la ley; que en su interpretación puedan permitir un cogobierno de contratos, y por lo tanto que la renta petrolera pase a particulares, lo cual está expresamente prohibido en la Constitución, y que permitirían otorgar contratos de riesgo.