La iniciativa presidencial para una nueva Ley de Seguridad Nacional requiere cambios y adecuaciones que la enriquezcan, porque es imprescindible dar un marco jurídico a la participación del Ejército en el combate al crimen organizado, pero por un periodo limitado, acotado no sólo en el tiempo, sino en lo que se puede hacer, para que ni las fuerzas armadas ni los poderes civiles se extralimiten en sus funciones, advirtió el senador del PAN Santiago Creel.

Se debe analizar si las facultades que se darán al Ejército, entre ellas las que tienen que ver con la declaración de estados de emergencia en el país, implican cambios al régimen de garantías constitucionales.

En materia de seguridad pública siempre debe prevalecer el orden civil, resaltó. Integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado, Creel expuso que ese tema es uno de los que se discutirán durante la comparecencia del gabinete de seguridad nacional ante ese órgano legislativo el martes próximo.

Cuestionado sobre las críticas que senadores del PRI y el PRD, así como organizaciones defensoras de los derechos humanos han hecho a dicha iniciativa, que llegó a Xicoténcatl en abril del año pasado, el senador respondió que es necesario que haya una reflexión profunda, porque no es justo ni correcto que los militares estén haciendo frente a toda la problemática provocada por la delincuencia organizada, comprometiendo sus vidas, sin que el Congreso defina la situación jurídica.

Sin embargo, dijo, los senadores tienen que aclarar distintos conceptos de la propuesta de Felipe Calderón, que merecen puntualizarse en detalle.

Es claro, resaltó, que en algunos estados las corporaciones policiales están totalmente penetradas por el crimen organizado, por lo que es una situación que va más allá de la seguridad pública. No estamos hablando de robos o asaltos, sino del debilitamiento institucional, lo cual está vinculado con la seguridad interior.

Resaltó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido resoluciones que dan base a la participación del Ejército en el combate al crimen organizado, pero son únicamente opiniones a nivel de resoluciones del máximo tribunal, no normas generales para crear un orden jurídico en la materia.

La participación del Ejército en tareas de seguridad pública, recalcó, no puede ser permanente. Por ello, en esa nueva Ley de Seguridad Nacional se debe establecer el periodo de transición necesario para que regresen los cuerpos policiacos a hacerse cargo de combatir el crimen organizado en toda su dimensión.

Respecto del otro punto de la iniciativa que ha provocado controversia, referente a crear virtuales estados de excepción en algunos estados, municipios o regiones, expuso que las declaraciones de emergencia tienen que reordenarse jurídica y constitucionalmente, para que se defina con claridad cuándo se puede hacer una intervención y bajo qué términos y condiciones.

Analizar, detalló el legislador, si esas solicitudes van a tener que pasar por los congresos locales, si eso significa estado de excepción y en qué medida, cuando las fuerzas armadas intervienen, implicaría algún tipo de cambio a la situación de las garantías constitucionales.

–¿No hay riesgo de dar facultades excesivas y abrir resquicios para que quieran a futuro tomar el poder e inclusive dar golpes de Estado?

–Precisamente tenemos que asegurarnos de que lo que estamos haciendo tenga un objetivo muy claro, que es el objetivo de un periodo de transición limitado, acotado no solamente en el tiempo, sino en lo que se puede y no hacer, de tal manera que demos la oportunidad de que se creen, se consoliden, se restablezcan, se restituyan, los cuerpos policiales que el país necesita. ¿Cómo hacerlo? ¿Bajo qué condiciones? Pues eso es parte de la discusión. No se trata de que nadie se extralimite en sus facultades, ni fuerzas armadas ni poderes civiles.